Viaje trucho a Colombia: Guaymallén exporta ¿impunidad?

Una funcionaria viajó a Colombia en nombre del municipio sin autorización. El intendente Calvente y el operador Carrizo, ¿entre el silencio y la complicidad?. Por Néstor Bethencourt

Viaje trucho a Colombia…

La data llegó en forma de mensaje. Un clásico. Nada raro. Lo raro fue el contenido: una funcionaria de Guaymallén había representado al municipio en un evento internacional… sin permiso oficial.

Lo insólito se desarrolló a fines de marzo en Bogotá, Colombia.

Allí, Romina Zampieri —empleada en la Dirección de Servicios Comunitarios— participó del “Primer Encuentro del Laboratorio de Políticas Públicas de Movilidad Escolar Segura” convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hasta ahí, suena bien. Pero ninguna autoridad municipal autorizó oficialmente el viaje.

Algunos señalan que su jefe directo sabría del viaje ya que Zampieri le comunicó, por los días que se tomaría.

Una presencia fantasma con nombre y apellido

Zampieri no viajó como turista ni como ciudadana común. Se presentó como funcionaria en representación del Municipio de Guaymallén.

Lo hizo en un evento del BID, institución con la que, según fuentes oficiales, el municipio no tendría actualmente ningún convenio vigente ni vínculo formal de trabajo.

La participación de Zampieri no cuenta con ningún acto administrativo, decreto ni autorización registrada.

No figura en boletines oficiales, no hay comisión de servicios, no hay resolución de designación, no hay nada.

¿Quién la autorizó?, ¿quién avaló el uso del nombre institucional de Guaymallén?, ¿quién pagó el viaje? , ¿con qué respaldo legal representó al Estado? Son preguntas que aún no tienen respuesta.

La impunidad como destino frecuente

Zampieri no es una improvisada. Tiene recorrido dentro del aparato municipal. Y tiene padrinos. Fue durante años parte del círculo íntimo de Jorge “Nene” Carrizo, el exdirector de seguridad que operó como poder real de la gestión de Marcelino Iglesias, y que fue “renunciado” en enero de 2025 bajo fuerte presión interna.

Carrizo dentro de su dirección manejaba todo. Compras, licitaciones, servicios, obra pública.

Y Zampieri era su pieza operativa de confianza.

Desde su cargo, firmó órdenes de compras observadas, autorizó tickets irregulares del contrato de grúas —algunos de los cuales hoy podrían tener denuncia penal en trámite— y movía personal a su antojo sin autorización superior.

Una alianza peligrosa: el sistema Carrizo–Zampieri

Jorge “Nene” Carrizo no fue simplemente un funcionario más de la Municipalidad de Guaymallén. Fue el verdadero cerebro operativo de la gestión de Marcelino Iglesias.

Desde su rol como director de Seguridad, Carrizo manejó un área neurálgica: no sólo tenía bajo su órbita los servicios urbanos y comunitarios, sino también el músculo técnico para licitaciones, contrataciones, compras y ejecución presupuestaria.

Es allí donde aparece Romina Zampieri. No como una trabajadora ocasional. Tampoco como una “funcionaria más”.

Zampieri fue una de sus piezas de confianza, designada como jefa en Servicios Comunitarios, pero con amplias funciones operativas, incluso algunas que excederían su competencia jerárquica.

Carrizo, Zampieri y otros, operaban como un tándem, según fuentes internas del área. Él diseñaba, ella ejecutaba, Él pedía, ella firmaba, Él se ocupaba de los grandes números, ella de los detalles que hacían viable el andamiaje administrativo.

Hay nombres y situaciones clave que los conectan:

• Compras directas y licitaciones en pinturerías: Zampieri fue una de las funcionarias que rubricó múltiples órdenes de compra vinculadas a materiales que, en algunos casos, nunca llegaron a destino en su totalidad, o eran innecesarios para la zona adjudicada.
• El servicio de grúas: El escándalo más notorio. Un sistema tercerizado con múltiples irregularidades, cuyos tickets de operación, también fueron firmados por Zampieri, aún cuando no se cumplían condiciones mínimas de validez.
• Reasignación de personal y tareas: Diversos agentes municipales denunciaron informalmente que Zampieri contaba con un poder de decisión impropio para su rango. Disponía sobre traslados, tareas, vacaciones y funciones, muchas veces sin mediar autorización superior.

La protección política que Carrizo le brindó a Zampieri fue férrea. Aunque Carrizo ya no tiene cargo formal, su ascendencia sobre personal de áreas clave es total.

Una muestra clara de esto es el caso del viaje a Colombia. Si no hubiese tenido un escudo político fuerte, el escándalo la habría eyectado de su cargo. Pero no. Sigue en funciones. Y en silencio.

El silencio oficial y las pruebas públicas

Las pruebas de la participación de Zampieri son contundentes. Ella misma posteó en sus redes imágenes del evento, junto con funcionarios de otras ciudades y países.

También lo hicieron asistentes del evento. El viaje no fue un secreto. Fue un acting institucional trucho a cielo abierto.

Desde la Municipalidad, la reacción fue de mutismo absoluto.

Algo llamativo si se tiene en cuenta que cada vez que una autoridad participa de un evento internacional, el municipio lo difunde con bombos y platillos.

¿Por qué esta vez se ocultó? ¿Por qué no se publicó ninguna gacetilla?, ¿por qué nadie dijo nada?, ¿por qué Calvente no separó a Zampieri preventivamente?, ¿por qué nadie pidió informes?, ¿por qué nadie, absolutamente nadie, respondió? ¿Tan pocos son los que saben? ¿Calvente sabrá?

¿Qué pasa si algo salía mal?

La pregunta no es caprichosa. ¿Qué hubiese pasado si Zampieri sufría un accidente en Colombia? ¿Quién respondía por ella? ¿Tenía seguro oficial?, ¿tenía cobertura?, ¿tenía respaldo administrativo?

¿Qué imagen deja Guaymallén ante el BID y ante otras ciudades latinoamericanas que participaron formalmente del evento? ¿Cómo se explica que una funcionaria viaje por su cuenta y riesgo, sin autorización, y se presente como vocera de todo un municipio?

Posibles responsabilidades: penales, administrativas y políticas

Este episodio no puede cerrarse con un simple “ya está”.

Hay responsabilidades que deben investigarse en tres niveles:

1. Administrativas: ¿Zampieri violó la Ley de Ética Pública y el Estatuto del Empleado Municipal? ¿Abandonó funciones sin aviso? ¿Usurpó representación?

2. Penales: ¿Hubo falsificación de documentos? ¿Simulación de representación oficial? ¿Malversación de fondos si el viaje se pagó con recursos públicos? Las fuentes coinciden que el viaje fue

3. Políticas: ¿Por qué el intendente Calvente no actuó? ¿Por qué el Concejo Deliberante no exigió explicaciones?, ¿por qué la Dirección de Recursos Humanos no emitió sumario?, ¿por qué sigue en funciones alguien que usurpó la representación institucional del municipio? Las fuentes coinciden que el viaje fue enteramente costeado por el BID.

Conclusión: en Guaymallén no hay controles. Sólo hay pactos de silencio. Y mientras tanto, funcionarios de cuarta línea viajan por el mundo en nombre de todos nosotros, sin permiso, sin respaldo, sin vergüenza.

Guaymallén: Donde todo pasa…

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