Nuevamente el Sindicato ASEMUG ha interpelado directamente al Intendente Marcos Calvente. En este caso acusando a la Jefa de Defensa Civil, Nadia Fernández, de un patrón de hostigamiento. Empleados describen un escenario de vaciamiento de funciones, amenazas salariales y serias consecuencias en su salud. Por Néstor Bethencourt
Un nuevo, profundo y alarmante conflicto se ha desatado en el corazón de la administración municipal de Guaymallén. La Asociación Sindical de Empleados Municipales de Guaymallén (ASEMUG) ha presentado una serie de contundentes denuncias por violencia y persecución laboral. En este caso el foco de las acusaciones es la Sra. Nadia Fernández, Jefa del área de Defensa Civil.
Los expedientes EXP-19001-2025, iniciado el 8 de agosto de 2025, EXP-18848-2025, del 7 de agosto de 2025, y EXP-21589-2025, del 1 de septiembre de 2025, se erigen como pilares de esta grave imputación. Estos documentos, que han ingresado a la mesa de entradas del edificio municipal, dibujan un cuadro sombrío de maltrato que se reitera.
La denuncia principal, formalizada por Diego Alberto Rodríguez, Secretario de Asuntos Laborales, y Claudia Carolina Gonzales, Secretaria Tesorera de ASEMUG, fue dirigida al propio Intendente Marcos Calvente. La representación sindical, con inscripción gremial N° 3077 del Ministerio de Trabajo, no solo expone hechos. También exige una intervención activa del municipio. Los reclamos se amparan en normativas cruciales. Citan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y las Leyes provinciales N° 9003 y N° 9263 de Violencia Laboral. Estas últimas son instrumentos legales fundamentales para la protección de los trabajadores. La gravedad de las imputaciones demanda una investigación transparente y expedita.
El alarmante patrón de hostigamiento en Defensa Civil
En este caso puntual, as acusaciones detalladas por ASEMUG contra Nadia Fernández son multifacéticas. Pintan un panorama de abuso de poder y desprecio por los derechos laborales. Uno de los testimonios más desgarradores es el de la delegada sindical Rita Mariela Durán. Su caso no es nuevo en la órbita judicial. Recientemente, Durán debió recurrir a la Séptima Cámara del Trabajo de Mendoza. En ese expediente, CUI: 13-07825531, el propio municipio de Guaymallén reconoció “actos persecutorios”. Se vio obligado a restituir sumas indebidamente retenidas a la delegada sindical. Este antecedente judicial previo es un dato crucial. Fortalece la credibilidad de las nuevas denuncias.
La Sra. Durán relata una serie de incidentes perturbadores con la Sra. Fernández. Describe un cuestionamiento constante de su trabajo. Afirma ser acusada de mentir. Particularmente grave es la devolución de horas mediante “unidades de servicio”. Estas nunca se vieron reflejadas en su bono de sueldo. Al consultar sobre ello, Durán fue tildada de “mentirosa” por Fernández. Este trato descalificador socava la confianza y el respeto.
Cambios arbitrarios, amenazas y grabaciones ilegales
El control de los horarios y la imposición de jornadas se convierte en otra arista de la persecución. La delegada Durán denunció un cambio de horario que la perjudicó significativamente. En una reunión con sus compañeros, Fernández habría tachado un cronograma. Luego impuso a Durán una guardia nocturna de 23 a 7 de la mañana. Esta decisión se habría acompañado de “maltrato y unos tiramientos” hacia su persona, según la delegada. La falta de flexibilidad y la hostilidad en estas imposiciones son factores de riesgo psicosocial.
Tras una reunión del sindicato para abordar estos cambios de horario, la Sra. Fernández habría llamado a Durán. Le habría gritado y cuestionado su derecho a convocar reuniones sin su aviso. Durante esa llamada, Durán sospechó que estaba siendo grabada. Su teléfono, según relata, le avisó de la grabación. Fernández habría intentado justificarlo. Dijo que un nuevo iPhone venía con esa aplicación de fábrica. Sin embargo, la investigación sindical posterior reveló que esto era “mentira”. Se trataría de una aplicación descargable de una tienda virtual. Esta acción, si se confirma, constituiría una violación grave de la privacidad. El subdirector Gonzalo Agüero, mencionado en el relato, no habría brindado ninguna contestación sobre estas “malas maniobras”.
Presión por capacitaciones y entornos intimidatorios
La imposición de capacitaciones “obligatorias” también forma parte del patrón de hostigamiento. La Sra. Fernández habría intimidado al personal. Afirmó que si no asistían, serían sancionados. La asistencia se tomaría rigurosamente. Durán, como muchas otras, tiene responsabilidades laborales y familiares. Posee otros trabajos, hijos que cuidar y llevar a la escuela. Estas circunstancias fueron desatendidas por la Jefa. Se le exigió asistir sin consideración de sus múltiples obligaciones. El sindicato subraya la falta de pertinencia y fundamento de estas capacitaciones. Muchas de ellas no se relacionarían con las tareas diarias de Defensa Civil.
Además, la delegada Durán relató incidentes inquietantes durante las guardias nocturnas. La Sra. Fernández entraba a la oficina con un “acompañante masculino”. Este hombre “miraba fijamente” a Durán. Le generaba nerviosismo e intimidación. Esta situación, en un ambiente laboral, es totalmente inapropiada. Crea un clima de inseguridad para los empleados. No corresponde la presencia de una persona ajena en esas circunstancias. El uso de WhatsApp para comunicar cronogramas con “pocos días, o incluso horas de antelación” también es una constante. Esto impide a los trabajadores organizar su vida personal y familiar.
La amenaza del “Ítem 170”: Un golpe al salario de los empleados
Una de las denuncias más graves de ASEMUG se centra en el uso discrecional del “ÍTEM N° 170 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS”. Este adicional salarial, aunque de carácter discrecional, estaría siendo utilizado como un mecanismo de castigo contra los empleados. Afectaría a quienes realizan reclamos. El sindicato enfatiza que su otorgamiento o quita debe responder a “reales necesidades laborales del municipio”. No debe ser una herramienta de “castigo”. La amenaza de su eliminación se extiende a funcionarios de diversas direcciones.
ASEMUG remarca la importancia vital de este ítem salarial. El salario municipal, en muchos casos, está “muy por debajo de la canasta básica”. Los servicios extraordinarios son la “única posibilidad” para muchos empleados. Les permiten afrontar gastos básicos, como alquileres. Para obtenerlos, los trabajadores cumplen horas extras. Trabajan fines de semana, feriados, o días ajenos a sus funciones habituales. La amenaza de su eliminación no es un asunto menor. Afecta directamente el “derecho de propiedad, su derecho al trabajo”. También vulnera las “condiciones dignas de trabajo”. El sindicato, con un sólido respaldo legal, cita el fallo “Scarpa” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este precedente limita la discrecionalidad administrativa. Exige una motivación suficiente para decisiones que afecten a los empleados. La falta de fundamentos válidos hace que estos actos sean “ilegítimos”.
Vaciamiento de funciones y daño a la salud: El crudo relato de Analía Janet Torres
El caso de la Licenciada Analía Janet Torres es una clara muestra del presunto hostigamiento. Torres, con nueve años de antigüedad en funciones técnico-administrativas en Defensa Civil, vio cómo su trayectoria era abruptamente truncada. Desde la asunción de Nadia Fernández, todas sus tareas fueron “quitadas”. Estas responsabilidades fueron “delegadas a una persona allegada a ella (su amiga, la Sra. Anahí Gómez Olivieri), recientemente incorporada”. Esta acción configuró un “vaciamiento absoluto” de sus funciones. Torres fue dejada en un “puesto sin contenido real de trabajo”. Esto es un claro “desplazamiento y maltrato psicológico”. Atenta gravemente contra su dignidad como trabajadora.
La situación se tornó aún más alarmante mientras Torres se encontraba de licencia médica. Había sido intervenida quirúrgicamente. A pesar de presentar el certificado correspondiente, se le exigió la entrega de la única copia de la llave de su oficina. Fernández ya poseía otra copia. Esta exigencia es “arbitraria, improcedente”. Vulneró su “derecho al acceso a mi puesto habitual de trabajo”. Este acto, en un momento de vulnerabilidad, tuvo graves repercusiones en su salud. La Licenciada Torres desarrolló un “cuadro de ansiedad”. Esto “agravó mi estado de salud” debido a su enfermedad de base, lupus eritematoso sistémico. El relato de Torres concluye con una súplica por protección. Pide el restablecimiento de sus funciones y la investigación de “prácticas discrecionales” y “favoritismos”.
Un grito de auxilio ignorado: El sindicato exige respuestas urgentes
ASEMUG afirma que esta denuncia no es un primer paso. El sindicato se vio “obligado a recurrir de la presente manera”. Esto sucedió luego de solicitar respuestas en reiteradas oportunidades. Buscaron diálogo con personal de Recursos Humanos. También con la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, no obtuvieron “respuesta alguna a legítimos reclamos”. Esta falta de acción por parte de la administración municipal es preocupante. La inacción podría agravar la situación de los trabajadores. El sindicato expresa su inquietud por la “falta de actuación del municipio ante denuncias de este tipo y calibre en el pasado”.
Las demandas de ASEMUG son claras y contundentes. Exigen el “cese inmediato del armado arbitrario” de horarios. Piden que se detenga el otorgamiento de horas extras basado en “amiguismos o cercanías político-partidarias”. Solicita un “diagrama mensual” de trabajo. Este debe ser “notificado con antelación suficiente”. Esto permitiría a los empleados organizar su vida. También piden que las capacitaciones sean “dentro del horario de trabajo”. Deben tener un “fundamento” y “pertinencia” con las tareas de Defensa Civil. Los trabajadores realizan funciones por “más de treinta y seis (36) horas seguidas”. Luego son “obligados a quedarse a las capacitaciones”. Esto es inaceptable.
La ley contra la violencia laboral: Herramienta de protección en riesgo
La Ley N° 9263 de la provincia de Mendoza es fundamental en este contexto. Regula y define diversas formas de violencia laboral. El Art. 5° de la ley, “DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA LABORAL”, describe un abanico de conductas. Estas coinciden alarmantemente con las denuncias de los empleados de Guaymallén. Incluye el “maltrato psíquico, laboral y social”. Define acciones como bloquear iniciativas, generar aislamiento. También cambiar de oficina sin fundamento. Prohibir la comunicación con compañeros. Asignar tareas denigrantes o imposibles. Amenazar repetidamente con el despido o quitar información. Obstaculizar el ascenso arbitrariamente. Extender el horario laboral por motivos infundados. Todas estas conductas, según la ley, son violatorias de derechos.
La normativa establece que la falta de servicios extraordinarios por reclamos implica “obstruir claramente en el normal desempeño del trabajo”. Afecta “la dignidad y decoro del trabajador”. Las consecuencias de estas conductas están previstas en el Art. 8° de la Ley 9263. “Todo aquel que incurriera en conductas de violencia laboral, será pasible de las sanciones y/o medidas que prevén los regímenes administrativos y/o disciplinarios”. Este marco legal proporciona un sólido sustento a las denuncias de ASEMUG.
El camino de la justicia: Solicitud de intervención urgente
Los expedientes no solo documentan las denuncias. También muestran los pasos administrativos tomados por el municipio. La denuncia de ASEMUG fue recibida por la Dirección de Asuntos Jurídicos. Posteriormente, se dio vista a la Dirección de Servicios Comunitarios. Finalmente, se instruyó girar el caso a la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza. Esto es para que se cumpla el procedimiento de la Ley 9263. Adicionalmente, se solicitaron los antecedentes personales de la agente Nadia Fernández. Estos pasos son importantes. Demuestran que la administración está formalmente al tanto. Sin embargo, ASEMUG lamenta la tardanza y la falta de “actuación del municipio” en casos pasados.
El sindicato ha solicitado pruebas cruciales. Ha pedido la citación a declaración testimonial de Rita Mariela Durán y Claudia Carolina González. Además, ha adjuntado los relatos detallados de la Licenciada Analía Janet Torres. También incluyó testimonios de personal que pide anonimato por “miedo” a mayores actos de persecución. La situación es de extrema delicadeza. El miedo de los empleados a las represalias es palpable. Temen que “se tomen represalias en contra de los mismos como consecuencia de la simple visibilización de sus legítimos reclamos”.
La municipalidad de Guaymallén se encuentra en una encrucijada. Debe demostrar su compromiso con un ambiente laboral digno. La intervención de la Subsecretaría de Trabajo y la atención pública son vitales. Solo así se podrá garantizar la protección de los derechos de los empleados. Se espera una resolución justa para esta grave situación de violencia y persecución laboral. El futuro de muchos trabajadores municipales depende de ello.
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