Comunicado de Prensa de Asociaciones e inspecciones de cauces del Río Mendoza. Por Redacción
Persecución y Autoritarismo en la Administración del Agua en Mendoza
La administración del agua en Mendoza atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Las asociaciones e inspecciones de cauces del Río Mendoza han denunciado públicamente al Departamento General de Irrigación (DGI) por aplicar medidas disciplinarias selectivas contra sus representantes, en un intento de silenciar voces críticas y consolidar un manejo discrecional de los recursos hídricos.
Según un comunicado difundido por estas organizaciones, el DGI ha utilizado su aparato administrativo y la mayoría automática oficialista para intervenir arbitrariamente en las inspecciones de cauces, afectando la institucionalidad del agua en la provincia. La situación alcanzó su punto más crítico con la reciente intervención preventiva del Inspector de Cauce del Arroyo El Salto y Presidente de Alta Montaña, Lucas Molesini, sancionada a través de la Resolución 105/25 del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación.
Intervención selectiva y censura de voces disidentes
Las asociaciones de usuarios del agua denuncian que la intervención contra Molesini carece de fundamentos técnicos y administrativos, y que se trata de una acción ejemplificadora para disciplinar a las organizaciones que han cuestionado diversas políticas hídricas. Entre los temas que han generado tensiones se encuentran la discusión del nuevo Código de Aguas, el Plan Hídrico, la ejecución presupuestaria y la asignación de fondos públicos por río.
Además, las asociaciones han solicitado reiteradamente información sobre los informes hídricos elaborados por la empresa israelí Mekorot y han manifestado su rechazo a la Ley 9589, sancionada únicamente con el voto del oficialismo, que convierte al DGI en Ente Regulador del Abastecimiento Poblacional y Saneamiento. Según argumentan, esta ley es incompatible con las facultades constitucionales del organismo.
A pesar de estas exigencias de diálogo, el DGI respondió con una resolución que aparta a Molesini sin permitirle ejercer su derecho a la defensa, en lo que califican como una maniobra arbitraria e intimidatoria. La medida fue respaldada por los consejeros Víctor Sorroche (Río Tunuyán Superior) y Gustavo Ruiz (Río Diamante), con el aval del Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, mientras que los consejeros Eloy Guerrero (Río Tunuyán Inferior) y Alejandro Gennari votaron en contra.
Doble vara en la administración de la justicia hídrica
Las organizaciones afectadas acusan al DGI de aplicar un criterio discrecional y politizado en sus decisiones. En este sentido, mencionan el caso del senador provincial Marcelino Iglesias y su allegado Manuel Currenti, en Guaymallén, a quienes señalan por estar involucrados en irregularidades graves sin haber recibido sanciones proporcionales.
Desde hace tres años, las denuncias contra estos dirigentes han sido de público conocimiento, pero la reacción del oficialismo ha sido notoriamente distinta, lo que refuerza las sospechas de persecución selectiva contra los opositores al manejo discrecional del agua en la provincia.
Un conflicto que promete escalar
Las asociaciones de usuarios han advertido que no permitirán estos atropellos y que adoptarán todas las medidas necesarias para defender sus derechos. “Seguiremos adelante en defensa de los intereses de los regantes y los usuarios, pese a que esto incomode a la clase política“, afirmaron en su comunicado.
La administración del agua en Mendoza es un tema de vital importancia para la vida de la provincia, no solo por su impacto en el consumo humano, sino también por su relación con la producción agrícola e industrial. La falta de transparencia en el manejo de los recursos hídricos y la supuesta manipulación política de los organismos de control profundizan la crisis de confianza en las instituciones.
El Departamento General de Irrigación, por su parte, aún no ha respondido públicamente a las acusaciones, pero las organizaciones ya han comenzado a movilizarse. En los próximos días, se espera que se anuncien medidas legales y protestas para exigir la revisión de las sanciones y la apertura de un verdadero debate sobre el futuro de la gestión del agua en Mendoza.
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