Guaymallén: el Gen Nómade también dejó alarmas en pagos, balances y patrimonio

Investigación Ecos Mendocinos
SAGA GEN NÓMADE | NOTA 3 DE 3 Por Néstor Bethencourt
La crisis del sistema no terminó en las filas de Rentas. Expedientes internos revelan observaciones en Tesorería, Contaduría y Patrimonio, con alertas sobre fondos públicos, cierres mensuales, inventario municipal y continuidad operativa.
Esta es la tercera entrega de la saga sobre el sistema informático Gen Nómade en Guaymallén. Tras el contraste entre el discurso de Calvente y los expedientes, y después del foco en Rentas, ahora aparecen las alertas internas en áreas críticas del municipio.
El caos en Rentas fue la cara más visible del problema. Pero no fue la única. Mientras los vecinos hacían filas y el sistema naufragaba en la atención diaria, puertas adentro empezaban a aparecer otras señales, igual o más delicadas. Ya no en ventanillas. Ya no frente al contribuyente. Sino en áreas donde el municipio administra fondos, balances, bienes e información crítica.
Ahí la historia cambia de escala. Porque una mala puesta en marcha en Rentas puede venderse como tropiezo. Pero cuando los expedientes empiezan a hablar de incumplimiento legal en Tesorería, de cierres mensuales imposibles en Contaduría, de inventario no disponible en Patrimonio y hasta de una transferencia errónea a un tercero, el problema deja de parecer un desajuste y empieza a verse como algo mucho más profundo.
La novedad, entonces, ya no es que el sistema informático Gen Nómade falló hacia afuera. La novedad es otra: también empezó a dejar rastros hacia adentro, justo en los lugares donde una gestión debería tener más precisión y menos margen de error.
Tesorería dejó por escrito que el sistema incumplía la ley
La advertencia más fuerte llegó desde la Tesorería General. En la NEE-4050-2026, el área informó que el sistema Nómade incumple el artículo 106 de la Ley de Administración Financiera, porque no permite mantener actualizados los registros de cargos y descargos para el control de fondos, valores y bienes del Estado. Y agregó algo todavía más incómodo: que esa situación ya había sido observada por el Tribunal de Cuentas en un caso similar.
No es una observación decorativa. No es una sugerencia de mejora. Es Tesorería diciendo, en términos directos, que el sistema no estaba resolviendo una función central para el control de la administración financiera. Es decir, el mismo sistema presentado públicamente como herramienta de modernización y control interno aparecía, dentro del expediente, cuestionado por no poder sostener un registro básico del movimiento de fondos y bienes.
Ahí se empieza a ver el verdadero tamaño del problema. Porque una mala experiencia del vecino puede dañar la imagen del municipio. Pero una observación de Tesorería sobre la integridad del registro financiero golpea otra cosa: la credibilidad del control interno.
Una transferencia errónea mostró que no era un miedo teórico
Como si la nota de Tesorería no alcanzara, apareció además una incidencia concreta. En el expediente de la transferencia errónea por $125.000, el municipio dejó asentado que el sistema había terminado enviando dinero a un destinatario equivocado y que ese episodio puso en evidencia la “deficiencia y vulnerabilidad del sistema”, generando una “situación de imprecisión e inseguridad” al momento de realizar transferencias.
La actuación fue todavía más lejos. Allí se pidió expresamente a la empresa que implementara ajustes para que el sistema no transfiera sin verificación exacta del destinatario y para que la función de CBU predeterminado funcione correctamente. O sea: el expediente no describe una sospecha abstracta. Describe una falla ya ocurrida, con pedido formal de corrección.
Y por si hiciera falta más ruido, también quedaron registradas actuaciones donde el CBU visible en la orden de pago no coincidía con el que se usaba efectivamente al transferir. Otra vez, no se trata de un detalle de formato. Se trata de la trazabilidad de un circuito que mueve fondos públicos.
Cuando un municipio invierte miles de millones en modernización y termina pidiendo que el sistema no se equivoque de destinatario al pagar, la escena deja de ser técnica. Se vuelve política.
Contaduría observó algo peor: sin corte mensual, el balance nunca queda cerrado del todo
La Contaduría Central aportó otra pieza muy delicada. En la NEE-4768-2026 señaló que el sistema no contempla una funcionalidad que permita realizar el procedimiento de cierre contable mensual para emitir el Balance Mensual. Y lo dijo todavía con más crudeza al agregar que “no permite establecer un corte contable mensual, quedando los registros sujetos a modificaciones posteriores aun cuando el período se encuentre informado o presentado”.
Esa frase es brutal por una razón simple: si no hay corte contable firme, el mes nunca termina de cerrarse del todo. Y si un período ya informado o presentado puede seguir alterándose después, la confianza en el balance se resiente desde la base. No hace falta ser contador para entenderlo. Si los números pueden seguir moviéndose una vez cerrados, el problema no es menor.
La misma nota también advierte sobre otra cuestión sensible: que determinados movimientos se mayorizan por Fecha Sistema y no por Fecha Contable o Fecha Valor, con impacto sobre conciliación, asignación temporal y lectura real de las operaciones. Dicho en idioma vecino: el sistema puede terminar ubicando movimientos en momentos que no reflejan exactamente cuándo debían contarse.
Y eso pega justo donde más duele una administración: en la confiabilidad del registro.
Patrimonio tampoco tenía la casa en orden
La Subdirección de Patrimonio completó el cuadro. En la NEE-4718-2026 informó que, al 13 de marzo de 2026, en el nuevo sistema no estaban disponibles los bienes patrimoniales del inventario municipal al 31/12/2025. Esa sola línea ya es fuerte. Pero además explicó que, por esa razón, no podían hacerse bajas 2026 sobre esos bienes ni sus transferencias, que seguían realizándose en el sistema anterior.
Como si eso fuera poco, también señaló que no podían cargarse adecuadamente altas vinculadas a certificados de obra del ejercicio 2026 y que eso generaba diferencias con Finanzas y Presupuesto. O sea: el problema no sólo afectaba a Rentas o Tesorería. También golpeaba la continuidad del registro de bienes y su relación con la ejecución presupuestaria.
Otra vez aparece el mismo patrón de toda la saga: mientras el discurso oficial hablaba de modernización, las áreas internas dejaban asentado que varias cosas seguían dependiendo del sistema viejo o directamente no estaban disponibles donde debían estar.
El proveedor también reclamó y dejó la continuidad atada al dinero
La historia todavía tiene un capítulo más. En la NEE-3017-2026, Nómade intimó al municipio por facturación presuntamente impaga vinculada a mantenimiento mensual y nube, con advertencias sobre la continuidad de los servicios. Esa pieza agrega una capa incómoda al caso: la operación del sistema no dependía sólo de su buen funcionamiento técnico, sino también de que siguiera fluyendo el dinero entre el municipio y el proveedor.
Eso también importa porque desmonta otra fantasía. Un sistema de gestión no vive sólo de pantallas y promesas. Vive de infraestructura, soporte, continuidad y pagos. Cuando esa cadena se tensa, la fragilidad operativa deja de ser una posibilidad abstracta y pasa a ser un riesgo real.
Lo que empezó en Rentas terminó tocando el corazón administrativo
A esta altura, la historia ya no puede contarse como un episodio de atención al público. Los expedientes muestran que el sistema informático Gen Nómade tocó fondos públicos, cierres contables, movimientos bancarios, bienes patrimoniales y continuidad de servicios. Es decir, se metió en el corazón mismo de la administración municipal.
Y ahí aparece la pregunta más incómoda de toda la saga. Si durante 2025 hubo informes de conformidad, pagos mensuales y actos administrativos que recepcionaban el servicio, ¿qué estaba certificando exactamente el municipio mientras distintas áreas empezaban a registrar fallas tan serias?
Tal vez esa sea la verdadera pregunta que deja Nómade. No si hubo modernización. Sino qué clase de modernización era, si a la vez que se pagaba y se conformaba, otras áreas de la misma gestión empezaban a escribir alarmas sobre pagos, balances, inventario y control.
Lo que comenzó como caos en Rentas terminó dejando huellas en el centro financiero y patrimonial del municipio. Y cuando un sistema nuevo enciende alertas en Tesorería, Contaduría y Patrimonio, el problema ya no es una falla de ventanilla. Es una señal de desorden mucho más profunda.
Las observaciones internas también permiten identificar cómo se estructuró el control del sistema. La contratación y posterior seguimiento del servicio estuvieron concentrados en la Dirección de Innovación y Atención al Vecino, que no solo impulsó el proceso, sino que intervino en la validación de su ejecución. El director del área, Pablo Raddi, participó tanto en la instancia técnica de selección como en la certificación de las prestaciones, en un esquema donde la misma área cumplió funciones de contratación y control, situación que fue objeto de observaciones en el marco de los expedientes analizados.
Este tipo de esquemas, donde se concentran decisiones y controles en una misma estructura, adquiere mayor relevancia cuando los propios expedientes comienzan a registrar inconsistencias en el funcionamiento del sistema.
La saga deja una conclusión incómoda: Calvente anunció modernización, pero los expedientes muestran una gestión que pagó, empujó y defendió un sistema mientras sus propios funcionarios empezaban a cubrirse por escrito. El resto ya no lo va a contar el discurso. Lo seguirán contando los papeles.
Cierre final
Los expedientes no describen solo fallas en un sistema. Describen un escenario donde el municipio comienza a perder control sobre su propia información.
Las dificultades en la migración, la falta de documentación técnica completa, las inconsistencias en registros y las advertencias de las áreas internas configuran algo más profundo. No se trata únicamente de un software que no funciona como se esperaba. Se trata de la capacidad del Estado para conocer, verificar y resguardar sus propios datos.
Y cuando eso se debilita, lo que se compromete no es un módulo, ni una pantalla, ni un trámite. Se compromete la trazabilidad de los recursos, el control de las cuentas y, en última instancia, el resguardo del patrimonio público.
La historia que comenzó con una promesa de modernización terminó dejando algo más incómodo sobre la mesa. No solo qué sistema se implementó, sino cómo se tomaron las decisiones, quiénes las ejecutaron y bajo qué esquema de control se validaron.
Lo demás ya no está en los discursos. Está en los expedientes.
Leé la saga completa
Esta nota forma parte de la saga de Ecos Mendocinos sobre el Gen Nómade en Guaymallén.
Primera entrega:
Calvente presentó como novedad un sistema que Guaymallén ya pagaba desde 2025
Segunda entrega:
Rentas: los expedientes confirman que la puesta en marcha del Gen Nómade fracasó
El hilo completo
Las tres notas muestran una misma secuencia:
primero, el relato político;
después, el fracaso visible en Rentas;
y finalmente, las alertas internas en áreas clave del municipio.
Volvé a leer la saga completa y compartila.
Aclaración documental:
Ecos Mendocinos conserva copia de los expedientes, notas internas y actuaciones citadas en esta investigación.
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