El expediente EXP-24623-2025 de Guaymallén revela sobreprecios, errores presupuestarios y partidas mal asignadas por $34,5 millones en la compra de sillas.
Un expediente que empieza con protocolo y termina en papelón
El municipio de Guaymallén vuelve a dar cátedra en cómo armar un expediente impecable… hasta que se lo lee.
El EXP-24623-2025, iniciado el 23 de septiembre de 2025 por Paula Verónica Simo (Área de Mayordomía), parece formalmente correcto.
El título suena inofensivo: “Compra de bienes de uso para eventos”.
Hasta que uno se sumerge en las cifras y descubre que el decorado cuesta más que el evento.
Presupuesto oficial: $62.388.000,00.
Sí, sesenta y dos millones para sillas, tableros y gazebos.
Nada mal para una comuna que insiste en hablar de “austeridad y transparencia”.
Números que no cierran (ni con moño)
El expediente está correctamente encuadrado como Licitación Pública N° 1186-2025, ya que el monto supera los $6,4 millones que exige la ley.
El Salario Mínimo Vital y Móvil de agosto ($322.000) sirvió de base para ese cálculo.
Hasta ahí, todo ordenado. Pero luego, aparece el clásico error made in Guaymallén: una imputación presupuestaria mal hecha que arrastra más de la mitad del gasto total.
De los $62,3 millones, un solo ítem —las 850 sillas plásticas apilables— se lleva $34.510.000,00.
Y, aunque se las clasifica como “bienes de uso”, fueron imputadas como “bienes de consumo”.
O sea, el municipio las considera descartables, como si se derritieran tras el primer acto patrio.
Error técnico grave:
La partida 41211700 – Otros Bienes de Consumo no aplica a equipamiento reutilizable.
La correcta sería 51110112 – Bienes de Capital, que es donde se registran los activos duraderos del Estado.
Pero claro, en Guaymallén parece que la contabilidad también es decorativa.
Precios de oro y medidas ausentes
Las irregularidades no terminan en el error contable.
El pliego técnico es un ejemplo de cómo llenar páginas sin decir nada:
no hay medidas, no hay materiales, no hay especificaciones.
“Sillas plásticas apilables”, dice el renglón.
Nada sobre peso, calidad, ni resistencia.
Pero sí un precio digno de un living de diseño: más de $40.000 por unidad.
En el mercado local, esas mismas sillas rondan los $20.000 o $25.000.
El sobreprecio potencial se acerca al 60%, un número que haría sonrojar hasta a un organizador de casamientos premium.
Y como si fuera poco, algunos ítems ni siquiera indican cantidad exacta.
En los papeles, el municipio podría comprar todo o nada: la elasticidad del presupuesto se estira tanto como el plástico de las sillas.
Formalidades perfectas, control inexistente
La apertura de ofertas fue fijada para el 3 de noviembre de 2025, a las 11:00 hs.
Todo prolijo: pliego pago, sellado de 1.000 UTM, garantía de oferta y una pila de papeles firmados.
Pero, como suele pasar, la prolijidad administrativa convive con la ceguera técnica.
El expediente cumple con las formas, no con el sentido común.
Se exige muestras físicas y folletería, pero nadie explica cómo se controlará su entrega ni qué criterios de calidad se aplicarán.
En otras palabras, un trámite pensado para filtrar oferentes, no para asegurar transparencia.
El patrón Guaymallén: impecable en los sellos, impresentable en los números
Cada licitación parece un déjà vu.
Montos desmedidos, ítems sin medidas y partidas mal imputadas.
El guion se repite, solo cambian los objetos: viandas, pintura, mobiliario o sillas.
Lo más curioso es que el municipio sigue citando la Ley de Administración Financiera N° 8706 como respaldo,
mientras la incumple en el punto más básico: clasificar bien lo que compra.
Porque si $34,5 millones se cargan en la partida equivocada,
no se trata de un “detalle contable”: es una distorsión de la rendición pública.
Y el Tribunal de Cuentas no debería mirar para otro lado.
Recomendación técnica (y de sentido común)
Antes de que se ejecute el gasto, la Dirección de Administración debería reimputar el Ítem N° 1 a la partida correcta de Bienes de Capital (51110112).
De lo contrario, el municipio corre el riesgo de inflar el gasto corriente con bienes que deberían registrarse como activos.
Una confusión que no solo falsea los balances, sino que agranda el margen de discrecionalidad en futuras compras.
En síntesis
El expediente EXP-24623-2025 es el retrato de una gestión donde la burocracia firma rápido y piensa lento.
Todo está en regla, pero nada está bien.
Un municipio que confunde bienes de capital con bienes de consumo termina confundiendo transparencia con trámite.
Y así, en Guaymallén, la silla cuesta oro, la firma sale gratis, y el control sigue de licencia.
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