Ecos Mendocinos viene documentando desde hace meses inconsistencias entre el parque automotor real y los registros administrativos asociados a seguros y monitoreo satelital. Por Néstor Bethencourt
Ya se publicaron casos sobre vehículos dados de baja que reaparecen asegurados (Ver nota) y sobre meses pagando GPS a unidades dadas de baja (Ver nota), además de episodios en los que cuando Ecos Mendocinos publica, el municipio reacciona con notas de crédito (Ver nota). En este caso hablaremos de camiones desmantelados en Guaymallén.
Este nuevo capítulo suma un elemento más concreto y difícil de disimular: flota pesada fuera de servicio durante largos períodos, pero con gastos activos en al menos tres casos y, en un cuarto, con auditoría interna por faltantes masivos.
De acuerdo con información reunida por este medio, existen cuatro camiones municipales identificados por interno y dominio que no se encuentran operativos desde hace entre uno y dos años o más. Aun así, tres de esas unidades continúan generando gasto público por seguro y por monitoreo satelital (GPS). El cuarto caso aporta un antecedente documental: una auditoría interna municipal (2023) que dejó asentados faltantes masivos de piezas y un desmantelamiento de tal magnitud que ni siquiera era posible verificar la existencia del motor en las condiciones inspeccionadas.
Las unidades identificadas son:
- Interno C54 – Dominio NPH192
- Interno C69 – Dominio AB904TH
- Interno C74 – Dominio AB804TE
- Interno C63 – Dominio AB271BE
Tres camiones con gasto activo pese a no estar operativos
Según la información disponible, los camiones C69 (AB904TH), C74 (AB804TE) y C63 (AB271BE) mantienen seguro vigente y GPS activo, pese a que no estarían prestando servicio desde hace un período prolongado.
Este dato, por sí solo, requiere una explicación documentada. Si un camión está fuera de circulación durante años, la administración debería poder acreditar con claridad qué decisión adoptó (reparación, baja, disposición) y por qué motivo se mantienen gastos asociados.
La continuidad de pagos sobre unidades no operativas exige, como mínimo, documentación verificable sobre estado real, ubicación y circuito administrativo.
Este medio cuenta con comprobantes de pago vinculados a seguro y GPS de las tres unidades mencionadas, que serán incorporados en una ampliación documental posterior.
El caso C54: auditoría por faltantes y transferencia a Control de Gestión
El camión C54 (NPH192) no figura con seguro ni GPS activo. Sin embargo, su situación es la más sensible desde el punto de vista institucional. Existe una auditoría interna municipal de 2023 que consigna faltantes masivos de componentes y un grado de desmantelamiento que impide, incluso, verificar la existencia del motor en las condiciones inspeccionadas.
A ese antecedente se suma un dato administrativo central: el camión había sido transferido formalmente a la Dirección de Control de Gestión de la Municipalidad de Guaymallén. Dicho de otro modo: el bien quedó bajo la órbita del área que, por definición, debe sostener controles, resguardar activos y garantizar trazabilidad patrimonial.
Pese a la gravedad que surge de la auditoría, no se advierte públicamente la existencia de un circuito posterior consistente: sumario, denuncia, determinación de responsables, baja patrimonial transparente o recuperación de piezas. El silencio administrativo frente a una auditoría interna de esa naturaleza no es un detalle. Es parte del problema.
Lo que falta es trazabilidad patrimonial
Más allá de los cuatro casos concretos, la cuestión de fondo es la misma: ausencia de trazabilidad pública suficiente sobre bienes de alto valor económico. En términos prácticos, hoy no existe información clara y verificable acerca de:
- ubicación física actual de cada unidad,
- última fecha real de operatividad,
- órdenes formales de traslado, guarda o reparación,
- actos administrativos de baja patrimonial o disposición final,
- inventarios técnicos actualizados,
- destino de piezas faltantes o retiradas,
- montos y períodos pagados por seguro y GPS,
- responsables que autorizaron o sostuvieron esos gastos.
Cuando un municipio no puede responder esas preguntas con documentación, el patrimonio deja de ser un activo controlado y se vuelve un registro administrativo que no refleja la realidad material.
Preguntas concretas que el municipio debe responder
Para despejar dudas y permitir control ciudadano, la Municipalidad de Guaymallén debería responder, con documentación:
- ¿Dónde están hoy, físicamente, los camiones C54, C69, C74 y C63?
- ¿Cuál fue su última fecha registrada de uso operativo?
- ¿Qué informes técnicos acreditan su estado real actual?
- ¿Existen actos administrativos de baja, disposición, subasta o transferencia? ¿Cuáles?
- ¿Cuánto se pagó por seguro y GPS en los últimos 12/24 meses para C69, C74 y C63?
- ¿Quién autorizó la continuidad de esos pagos pese a la falta de operatividad?
- En el caso del C54, ¿qué medidas se adoptaron tras la auditoría 2023?
- ¿Qué actuaciones administrativas o judiciales se iniciaron por los faltantes?
Estas preguntas no son retóricas. Son el mínimo exigible para demostrar control patrimonial real.
Un capítulo más, con el mismo patrón
Este nuevo episodio no describe un problema mecánico. Describe un problema de control patrimonial. Cuatro camiones fuera de servicio por años y tres con pagos activos muestran un desajuste estructural: bienes que se degradan o se desarman, pero permanecen “vivos” en el sistema de gasto.
En un esquema sano de administración pública, la flota pesada debería estar sujeta a un circuito claro: inventario, custodia, mantenimiento, decisiones documentadas ante la inutilidad y trazabilidad del destino final. Si ese circuito no aparece, el resultado es inevitable: pérdida patrimonial y gasto sin función.
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