Guaymallén: obras que fallan y empleados ajustados, pero Calvente destina $143,8 millones a carpas

Mientras los vecinos reclaman por el pavimento nuevo roto en Mitre y los empleados sufren recortes, aparecen otras prioridades del gasto municipal. Calvente adjudicó $143,8 millones para alquilar carpas y pisos de eventos, con un único oferente y opción de prórroga.

Por Néstor Bethencourt

El contribuyente de Guaymallén financia la gestión municipal y también soporta las consecuencias cuando las obras nuevas empiezan a fallar. Mientras los vecinos reclaman por las roturas del pavimento recién construido en avenida Mitre, otro expediente expone las prioridades de Marcos Calvente.

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La Municipalidad adjudicó $143.800.000 para alquilar carpas iluminadas y pisos flotantes destinados a eventos, mediante una licitación con un único oferente. La decisión quedó fechada el 6 de octubre, tres días antes del anuncio del recorte del bono a los trabajadores municipales.

El contraste alcanza primero al vecino que paga por servicios y obras, y después debe reclamar para que funcionen correctamente. También involucra al empleado cuyos ingresos quedan bajo revisión, mientras el Ejecutivo sostiene contrataciones millonarias para la infraestructura de sus actividades.

¿Cómo justifica Calvente las prioridades del gasto frente a quienes financian la Municipalidad y siguen esperando obras que funcionen y respuestas concretas?

Un único oferente para una contratación de $143,8 millones

El Decreto 3440/2026 adjudicó los dos ítems de la Licitación Pública 1129/2026, tramitada mediante los expedientes EXP-16531-2026 y EXP-19493-2026. El presupuesto oficial ascendía a $144.360.000, mientras la propuesta finalmente aceptada quedó apenas $560.000 por debajo, una diferencia del 0,39%.

La norma describe la propuesta de Vega como una oferta alternativa mejorada y sostiene que resulta conveniente para las necesidades del municipio. También deja constancia de que Asuntos Jurídicos no formuló objeciones legales al procedimiento, posteriormente aprobado por el Departamento Ejecutivo.

La presencia de un solo oferente merece atención porque la licitación terminó sin otra propuesta presentada para comparar las condiciones económicas. Para evaluar esa conveniencia, resultan centrales el estudio de precios, las cantidades requeridas y los fundamentos del informe técnico mencionado por el decreto.

Los vecinos pueden consultar las convocatorias mediante el portal oficial de compras de Guaymallén, que remite al sistema provincial utilizando el código municipal CUC 604. La identificación del procedimiento facilita su seguimiento, aunque evaluar el resultado exige acceder también a sus antecedentes y comprobantes de ejecución.

Qué incluyen las carpas en Guaymallén y cómo se calcula el servicio

Las especificaciones técnicas describen carpas estructurales con iluminación, cableado y protección eléctrica, fabricadas con materiales ignífugos y sostenidas mediante una estructura metálica. Deben contar con señalización de emergencia y permitir configuraciones diferentes, incluyendo cerramientos o divisiones interiores según las necesidades de cada actividad.

El proveedor debe tener capacidad para ofrecer desde nueve hasta 2.000 metros cuadrados de carpas, en un lugar o varios espacios simultáneos. Para los pisos flotantes, el requerimiento abarca desde nueve hasta 800 metros cuadrados, con superficies multilaminares y una base de caños estructurales.

Esas medidas expresan capacidad disponible; no representan la superficie total contratada durante toda la prestación. Ambos servicios se solicitan por metro cuadrado y por día, de modo que el costo depende también de las jornadas utilizadas.

El decreto y las especificaciones revisadas no incluyen el formulario de cotización con las tarifas unitarias ni el total de jornadas contratadas. Sin esos datos, no puede determinarse cuánto cuesta cada instalación ni qué combinación de servicios explica los $143,8 millones adjudicados.

La necesidad de conocer ese desglose aumenta cuando se trata de recursos públicos destinados a una agenda variable de actividades. Cada prestación debería poder reconstruirse mediante su fecha, superficie, duración, precio aplicable y conformidad del área que recibió el servicio.

Eventos a pedido y una opción para prolongar el contrato

El pliego permite que Cultura y Turismo emita una agenda mensual, pero también habilita solicitudes con apenas 24 horas de anticipación. Las instalaciones podrán distribuirse entre distintos espacios, según los requerimientos que la Municipalidad comunique al adjudicatario durante la contratación.

La contratación también contempla una opción de prórroga por un período y cantidades de las mismas características, previa comunicación al proveedor. Los documentos revisados no acreditan que esa facultad haya sido ejercida, pero muestran que el esquema prevé la posibilidad de continuar.

El contribuyente paga y después tiene que salir a reclamar

Mientras tanto, en Mitre al 2700, los videos publicados el sábado último por Ecos Mendocinos muestran agua brotando y sectores del pavimento nuevo levantados. Los vecinos también denunciaron conexiones pendientes que obligaron a abrir hormigón recién construido, y se movilizaron para exigir reparaciones y agua potable.

El costo para el contribuyente incluye pagar por obras cuyo resultado debe salir a reclamar, además de soportar roturas y nuevas intervenciones. Las imágenes y los testimonios ponen bajo discusión la planificación, la ejecución y los controles de esos trabajos.

Ese antecedente se suma a los recortes laborales y gastos millonarios documentados durante la gestión de Calvente, y amplía el debate sobre las prioridades municipales.

El conflicto por los bonos terminó con el acuerdo salarial del 28 de octubre, que distribuyó pagos extraordinarios entre noviembre y enero de 2027. El cierre de esa negociación mantiene vigente la discusión sobre cómo se distribuyen los recursos entre obras, servicios, personal y eventos.

En su explicación oficial del acuerdo, la Municipalidad defendió la reorganización de recursos mediante la necesidad de preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Ese criterio obliga a justificar también cuánto se destina a los eventos y qué prestaciones resultan prioritarias dentro de esa supuesta estrechez presupuestaria.

Los $143,8 millones representan una adjudicación, pero permite exigir explicaciones sobre la necesidad del contrato, sus cantidades y sus controles.

Calvente debe explicar por qué sostiene millones para montar eventos mientras los vecinos reclaman obras que funcionen y los empleados soportan recortes. Quien paga las tasas merece una gestión capaz de justificar sus prioridades y responder por los resultados de cada peso administrado.