Fuentes internas describen una rutina inquietante en la playa de secuestros de Guaymallén: intentos de ingreso reiterados, daños en el perímetro y vigilancia intermitente, mientras la documentación pública sigue sin aparecer. Por Néstor Bethencourt
Un depósito judicial que se volvió permeable
En Guaymallén, la playa de secuestros debería ser un lugar blindado, con control estricto de accesos y resguardo permanente de vehículos que forman parte de causas administrativas y judiciales. Sin embargo, fuentes que conocen la operatoria coinciden en una descripción alarmante: intrusiones y roturas de medianeras se repiten “todos los días”, con un clima de temor que desalienta declaraciones públicas y vuelve casi imposible obtener documentación formal.
Lo preocupante no es solo la reiteración, sino el lenguaje que circula en el circuito interno: se habla de “volver a querer meterse”, se pide insistencia para que intervengan los controles, y se describe presencia policial intermitente, incluso con móviles “por afuera”, lo que sugiere un predio que se vigila tarde, cuando la situación ya está en marcha.
Un depósito de secuestros no puede funcionar con la lógica de la urgencia permanente. Cuando el perímetro falla, también falla la custodia, y cuando la custodia se relativiza, el Estado queda expuesto ante la comunidad y ante la Justicia.
La promesa de “controles permanentes” que nadie ve
Otra referencia se repite entre quienes alertan sobre este escenario: desde una dependencia policial se habría comunicado que existirían controles permanentes, aunque esa presencia sostenida no se estaría cumpliendo en la práctica. La percepción que transmiten las fuentes es clara: se anuncia vigilancia, pero en el territorio se observa ausencia, y esa brecha termina funcionando como invitación para intrusiones reiteradas.
A partir de ese vacío, el circuito interno se mueve por reacciones, llamados, avisos y “alertas” que no se traducen, al menos públicamente, en un plan sostenido, con registros visibles, informes y medidas preventivas. En ese contexto, también surge un dato delicado que amerita verificación y documentación: imágenes que, según versiones internas, mostrarían cuatro motos identificadas como “recuperadas”, un hecho que, de confirmarse formalmente, debería estar respaldado por actuaciones concretas.
La falta de papeles en un lugar que custodia bienes secuestrados no es un detalle: es un problema estructural.
El silencio como síntoma y la responsabilidad estatal
El elemento más inquietante, además del perímetro vulnerado, es el silencio. Nadie quiere hablar con nombre y apellido. La frase “manejá esto con cuidado” describe un clima donde el miedo se convierte en método, y donde los hechos se comentan en voz baja, sin documentos a la vista. En un predio que debería garantizar trazabilidad y cadena de custodia, esa cultura es la peor noticia: cuando el temor se impone, lo que desaparece primero no es un vehículo, sino la posibilidad de control real.
El Estado no puede reducir esta situación a un hecho aislado ni a un “incidente” de madrugada. Si las intrusiones son rutinarias, corresponde una respuesta integral, con control físico, vigilancia sostenida, auditoría interna y comunicación pública mínima que despeje dudas. De lo contrario, la playa de secuestros deja de ser un lugar de resguardo y pasa a ser un espacio de riesgo institucional, con consecuencias administrativas y judiciales inevitables.
En Guaymallén, la impunidad no solo circula: también estaciona.
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En servicios comunitario todo es un desastre, el nuevo jefe de tránsito es el sr Gamboa con todos sus antecedentes, para tener más personal de tránsito han nombrado a personas sin que sepan leer ni escribir, bueno ellos van a salir a hacerte el parte. Antes por lo menos éramos el único Departamento que tenía una verificadora en la playa, después que la municipalidad le pago el curso y la matrícula este nuevo intendente la saco y para los remates le pagaron a uno de afuera. Nadie se hace cargo de nada, o miran para otro lado