Una denuncia que profundiza el escándalo. Por Néstor Bethencourt

La Municipalidad de Guaymallén vuelve a quedar en el centro de la polémica.
La Asociación Sindical de Empleados Municipales de Guaymallén (ASEMUG) presentó una grave denuncia por violencia laboral contra la Dirección de Obras por Administración (DOA).

El sindicato acusa a funcionarios de coaccionar a empleados para firmar avales políticos en favor de la gestión actual. Según el escrito, las presiones incluían amenazas de quitar ítems salariales si no cumplían.

Este nuevo caso aparece días después de que Ecos Mendocinos revelara que se obligaba a trabajadores a firmar avales partidarios en plena salida de horario laboral.

La historia se repite, ahora con un agregado aún más grave: se denuncia violencia laboral tipificada por ley.

Obligación de firmar avales políticos

El núcleo de la denuncia es claro: empleados municipales fueron obligados a firmar avales políticos.
La presión provino del sector de la DOA.

Quienes se negaban a hacerlo enfrentaban serias consecuencias. La principal amenaza era la quita de ítems salariales, entre ellos “servicios extraordinarios” y “mayor dedicación”.

Los hechos se habrían registrado hacia el 24 de julio de 2025.
El sindicato asegura que la dirección estaba plenamente al tanto de las maniobras.

Un trabajador, que pidió reserva de identidad, declaró que teme represalias por haber denunciado la situación.

Marco legal y derechos vulnerados

La denuncia se apoya en un robusto marco normativo.
Se invocan la Constitución Nacional, la Constitución de Mendoza y leyes como la 5892, la 9263 y la 9003.

El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional es clave. Garantiza condiciones laborales dignas y equitativas, con estabilidad en el empleo, salario justo y libertad sindical.

La Ley 9263 define como violencia laboral al maltrato psíquico, social o laboral. Incluye hostigamiento, amenazas, críticas infundadas y cualquier trato humillante o cruel.

El escrito denuncia además obstaculización del trabajo. Según empleados, se ocultaban herramientas básicas y se ejercía hostigamiento psicológico reiterado.

Un patrón de violencia institucional

El sindicato describe un patrón sistemático de abuso.
Las amenazas de despido constante y el hostigamiento diario crearon un clima de temor generalizado en la DOA.

Estas prácticas encuadran en lo que la Ley 9263 tipifica como violencia laboral institucional, donde la jerarquía se utiliza para doblegar la voluntad de los empleados.

La situación se agrava porque el municipio ya había sido señalado por conductas similares en otras áreas.
La repetición de denuncias muestra un modus operandi preocupante.

Pruebas y proceso judicial en marcha

La denuncia presentada incluye testigos claves.
Se citó a Ricardo Heriberto Flores y a Jorge Alberto Acosta, ambos vinculados al área cuestionada.

La Ley 9263 prevé sanciones que van desde sanciones administrativas hasta cesantías.
El municipio tiene la potestad de aplicar medidas correctivas inmediatas.

El abogado Santiago López de la Rosa, representante de ASEMUG, solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo.
El objetivo es establecer responsabilidades directas dentro de la estructura municipal.

El proceso judicial recién comienza, pero la denuncia ya tiene un fuerte impacto político.

Un municipio bajo la lupa

Este caso de violencia laboral se suma a otros episodios recientes que ponen en jaque la credibilidad de la gestión municipal.
La reiteración de denuncias por avales políticos forzados revela un patrón difícil de negar.

El desafío ahora es doble: por un lado, garantizar protección a los trabajadores denunciantes; por el otro, investigar hasta las últimas consecuencias a quienes impulsaron las amenazas.

El expediente será una prueba clave para determinar si la Municipalidad de Guaymallén ha permitido prácticas que violan derechos laborales básicos.

Lo que empezó como un reclamo gremial ya se transformó en un conflicto institucional grave que compromete a las máximas autoridades del municipio.

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