El Tribunal de Cuentas activó y Guaymallén movió fichas
Tras observaciones del Tribunal de Cuentas y una seguidilla de notas que expusieron superposición de funciones y debilidades de control interno, Guaymallén designa a Diego Lázzaro como director de Innovación. El movimiento desplaza a Pablo Raddi de una función sensible y deja una conclusión inevitable: si el control llegó tarde, ahora corresponde la auditoría completa del “ecosistema de sistemas” contratado por el municipio. Por Néstor Bethencourt
El anuncio que no puede leerse como un simple pase de gabinete
El Ministerio de Gobierno anunció que Diego Lázzaro dejará su cargo provincial para incorporarse a la Municipalidad de Guaymallén como director de Innovación, un puesto que permanecía vacante desde el año pasado, cuando Ignacio Conte, entonces al frente del área, asumió como Secretario de Gobierno municipal.
La noticia podría presentarse como un recambio técnico habitual, con el clásico “traslado” de funcionarios entre niveles del Estado. Sin embargo, el contexto institucional lo vuelve otra cosa: Innovación es hoy el área más sensible del municipio, porque allí se concentran decisiones tecnológicas vinculadas a expedientes electrónicos, digitalización de procesos y contrataciones que ya motivaron observaciones del Tribunal de Cuentas, obligando incluso a reordenar procedimientos internos, comisiones y segregación de funciones.
Cuando un organismo de control observa y el municipio reacomoda, no estamos ante una rutina administrativa: estamos ante una corrección político-administrativa.
Lo que Ecos Mendocinos viene marcando hace tiempo: la superposición de funciones
Como ya había señalado Ecos Mendocinos en la nota sobre falta de personal idóneo y superposición de funciones, señalando una incongruencia estructural difícil de justificar desde la lógica del control interno: Pablo Raddi, en simultáneo, con responsabilidades vinculadas a Innovación y contrataciones tecnológicas, y al mismo tiempo a cargo de Control de Gestión, un área cuyo sentido es fiscalizar y auditar la regularidad de las contrataciones municipales.
Dicho sin vueltas: quien impulsa o valida compras no debería ser el mismo que después se audita a sí mismo, porque esa mezcla destruye la independencia mínima del control. Esa fue, justamente, una de las tensiones que quedan expuestas en las ampliaciones elevadas (y preparadas) para el Tribunal de Cuentas, donde el municipio debió justificar por qué el esquema funcionó con concentración de roles y por qué debió corregirse posteriormente mediante una segregación más clara.
La designación de un nuevo director de Innovación es, por lo tanto, un hecho con efecto concreto: Raddi deja de concentrar una de las direcciones más sensibles, al menos en términos formales.
Este reordenamiento ocurre mientras el municipio responde observaciones del Tribunal de Cuentas mediante dos expedientes internos recientes: EXP-4475-2026 (25/02/2026) y EXP-4624-2026 (26/02/2026), ambos presentados como “ampliación de informe” sobre la contratación del sistema de expedientes electrónicos y otros sistemas vinculados.
El dato político real: Raddi sale de Innovación, aunque no se va del control
Con la llegada de Lázzaro, el municipio descomprime una acumulación de funciones que no era sostenible institucionalmente. Esto no significa que el esquema de poder interno cambie por completo. Raddi continúa en Control de Gestión, un área clave en el engranaje municipal, pero el cambio existe: se rompe la superposición formal Innovación + Control de Gestión en una misma figura, algo que, en cualquier manual básico de administración pública, genera ruido por definición.
No es exitismo. Son hechos.
El componente institucional delicado: vínculos y apariencia de independencia
El nombramiento llega en un contexto de fuerte discusión por contrataciones, sistemas y gastos en la comuna, incluyendo el reciente cuestionamiento al auspicio de $50 millones publicado por Ecos Mendocinos.
El nuevo director de Innovación es hijo de Marta Liliana Muñoz de Lázzaro, vocal del Tribunal de Cuentas.
Esto no implica una irregularidad automática ni una prohibición legal por sí misma. Pero sí impone un estándar de prudencia y transparencia: en control público no solo importa la imparcialidad real, sino también la apariencia de imparcialidad. En un momento donde el Tribunal analiza actuaciones del municipio —y especialmente del área de Innovación— la transparencia exige que cualquier intervención vinculada a Guaymallén se gestione con criterios claros de excusación o resguardo institucional, porque cuando el control se parece a un circuito cerrado, lo que se rompe no es una norma: se rompe la confianza pública.
La secuencia que no se puede tapar debajo de la alfombra
Sin reclamar autorías mágicas ni “victorias” de cartón, hay una cronología verificable que vale señalar.
- Observaciones del Tribunal de Cuentas.
- Respuestas defensivas y reacomodos administrativos a través de ampliaciones de informe.
- Exposición pública sostenida sobre superposición de funciones, falta de controles robustos y contradicciones internas.
- Designación de un director para un área que, de hecho, venía funcionando con una concentración incómoda y bajo observación.
Cuando la realidad se ordena después de que la realidad se expone, lo mínimo que corresponde es decirlo. No por vanidad, sino por responsabilidad periodística.
DOCUMENTACIÓN
EXP-4624-2026 (26/02/2026) – Ampliación de informe al Tribunal de Cuentas
EXP-4475-2026 (25/02/2026) – Ampliación de informe al Tribunal de Cuentas
No es un triunfo: es un movimiento institucional tardío
Nadie serio debería vender esto como un “triunfo”. La prensa no gobierna y no firma actos administrativos. Pero también sería un error de principiante mirar para otro lado cuando, después de insistir durante meses con el mismo diagnóstico —superposición de funciones, controles débiles, contrataciones tecnológicas sensibles, respuestas al Tribunal— finalmente el municipio mueve una pieza clave en el tablero.
Si el municipio admite, por vía de sus propios escritos, que debió corregir procedimientos, formalizar comisiones y reordenar funciones para evitar concentraciones, entonces el cambio de nombres no es un gesto: es una consecuencia.
Y ahora sí: el párrafo más punzante, porque el tiempo pasó y las notas estaban
La pregunta ya no es si “corrigieron” una formalidad, ni si ahora hay un nombre nuevo en Innovación. La pregunta institucional es mucho más incómoda: ¿por qué tardaron tanto, cuántas decisiones se tomaron con un esquema objetivamente endeble, y cuánta plata se administró con controles que se “regularizaron” después? Porque cuando durante meses se sostuvo un armado con superposición de funciones; cuando el control interno pareció una puerta giratoria; cuando las respuestas al Tribunal se volvieron extensas, técnicas y justificativas; y cuando recién después apareció el ordenamiento, no estamos ante una mejora espontánea, sino ante una corrección empujada por presión institucional y exposición pública.
Y acá viene lo que corresponde, sin teatro y sin eufemismos: ahora cabe la auditoría completa, pero no una auditoría “de cartel”, ni circunscripta a un único sistema para apagar el incendio del momento. Lo que corresponde es una auditoría integral del ecosistema de sistemas que Guaymallén viene contratando: contrataciones que se superponen, herramientas que prometen “modernización” pero exhiben fallas, implementaciones que obligan a defensas ante los organismos de control, y montos que —por su escala— requieren controles del mismo tamaño. Si el municipio ya aceptó que tuvo que reordenar su propio control para futuras contrataciones, entonces lo coherente no es aplaudir el nombramiento: lo coherente es revisar hacia atrás, con trazabilidad, dictámenes, informes técnicos, plazos, comisiones, pagos y responsables, porque el Estado no puede corregirse siempre después de ser observado, como si la administración fuera un ensayo general eterno que se financia con dinero público.
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