Guaymallén. Situación dada a conocer oportunamente por Ecos Mendocinos. Por Néstor Bethencourt.
Ordenanza: Debido a las mútiples notas efectuadas por Ecos Mendocinos, (1, 2, 3), y ante la imposibilidad de frenar con los abusos, se tratará en la fecha en sesión del HCD.
Ello es posible por los concejales Sonia Sedano (PD) y Exequiel Morales (PRO), quienes presentarán hoy una ordenanza destinada a regular el uso del parque automotor municipal en Guaymallén. Esta medida, que busca prohibir el uso personal de los vehículos públicos, es esencial en la lucha contra los abusos de los recursos municipales.
La misma está basada en el expediente EE-20915-2024, el articulado es tan breve como contundente para poner fin a estas prácticas fuera de toda norma.
A pesar de que estas prácticas ya están reglamentadas por la Ley de Ética Pública y el Estatuto del Empleado Público, su implementación ha sido ineficiente. La nueva medida pretende poner fin a estas prácticas abusivas de manera definitiva.
La ordenanza prohíbe que empleados y funcionarios utilicen vehículos municipales para trasladarse de sus domicilios al trabajo y viceversa. Los vehículos solo deben ser empleados durante el horario laboral y para tareas exclusivamente relacionadas con el municipio. Aunque parece una regla básica, el uso indiscriminado de los vehículos ha sido una constante en la administración de Guaymallén.
Denuncias en el parque automotor: Foco de corrupción
Numerosas denuncias han señalado irregularidades sobre el parque automotor municipal. Rubén Suárez, subdirector del área, entre otros, permitieron que se utilice maquinaria pesada para trabajos privados, como la limpieza de terrenos para loteos irregulares en el Callejón Valdivieso.
A pesar de ser una actividad irregular, Suárez continúa operando con total impunidad, reflejando el abuso de los recursos públicos.
Pablo Raddi y González, responsables de controlar las unidades, han permitido que los empleados utilicen los vehículos sin supervisión. Los empleados desactivan los sistemas de GPS para ocultar el mal uso de los vehículos, y quienes deberían velar por su control no toman cartas en el asunto. Ambos funcionarios, vinculados con la administración corrupta, continúan en sus cargos sin enfrentar consecuencias.
Casos individuales que reflejan la corrupción
Mónica Martínez, conocida por sus vínculos cercanos con el exintendente Marcelino Iglesias, utiliza los recursos municipales para beneficio personal junto a su hermano. Martínez, como otros funcionarios de la administración, aprovecha su cercanía con Iglesias para protegerse y continuar abusando de su posición. Su caso refleja un patrón de nepotismo y corrupción que sigue enraizado en el municipio.
Pablo Raddi también ha encubierto irregularidades y obstaculizado investigaciones sobre el mal uso de los recursos.
Sonia Sedano, quien presentó la ordenanza, solicitó informes (ver acá) hace más de cinco meses sobre estas irregularidades, pero el municipio nunca respondió a su pedido. Dicho informe está cajoneado en la oficina de Pablo Raddi.
Las denuncias siguen acumulándose mientras los responsables permanecen en sus cargos sin enfrentar las sanciones correspondientes.
El conflicto entre Calvente e Iglesias: Obstáculo para el cambio
La administración de Marcos Calvente enfrenta un desafío complicado. A pesar de las supuestas intenciones del intendente de corregir estos abusos, Marcelino Iglesias aún ejerce influencia dentro del municipio y protege a los funcionarios corruptos. Este conflicto de poder impidiría que Calvente implemente los cambios necesarios, mientras los sectores más corruptos de la administración continúan operando con total impunidad.
Rubén Suárez y Pablo Raddi, ente muchos, siguen en sus cargos, a pesar de las múltiples denuncias en su contra. Calvente, aunque parece con buenas intenciones, se enfrenta a la resistencia interna de aquellos que apoyan la gestión de Iglesias y protegen a los implicados en los abusos.
La necesidad de acción inmediata: Oportunidad de cambio
La ordenanza presentada por Sedano y Morales podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el abuso de los recursos municipales. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política para hacerla cumplir y tomar medidas contra los funcionarios que han cometido irregularidades. La comunidad de Guaymallén espera que el gobierno local actúe con firmeza para corregir esta situación.
La falta de control sobre el parque automotor simboliza la corrupción que atraviesa la administración municipal. Para que esta situación cambie, el municipio necesita implementar mecanismos efectivos de supervisión y sancionar a quienes abusan de los recursos públicos. Esta semana puede ser clave para definir el futuro de la gestión en Guaymallén, y la comunidad espera ver acciones concretas que finalmente pongan fin a estos abusos.
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