Se revela un plan para trasladar agentes municipales, contratar empresas privadas y reorganizar edificios. La decisión aún no está tomada, pero el costo proyectado es millonario. Por Néstor Bethencourt
La Municipalidad avanza en el análisis de un plan de seguridad que ya genera controversia. Se trata del EXP-11629-2025, un expediente iniciado el 26 de junio de 2025 y recibido en Intendencia el 24 de julio.
El documento, elaborado por la Dirección de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial, propone un reordenamiento integral de la seguridad interna y de tránsito, con medidas que incluyen traslado de personal municipal y la posible contratación de seguridad privada en edificios públicos.
El dato más llamativo es el cálculo económico: si el plan se materializa en los términos planteados, el costo mensual superaría los 170 millones de pesos.
Un proyecto ordenado desde la intendencia
El expediente se origina a partir de una instrucción del intendente Marcos Calvente, preocupado por el impacto que tendrán las obras de remodelación del Acceso Este en el tránsito departamental.
La propuesta incluye el traslado de 80 empleados municipales del área de seguridad interna hacia el área de tránsito. Allí recibirían capacitaciones de 15 a 30 días, uniformes y una nueva categoría. El objetivo: sumarlos al control de circulación y labrado de infracciones.
El traslado dejaría en seguridad interna a apenas 35 agentes, la mayoría mayores de 55 años y próximos al retiro, lo que debilita de antemano la estructura actual.
La privatización sobre la mesa
El impacto del traslado es directo: con menos agentes propios, los edificios municipales quedarían en manos de empresas privadas de seguridad.
El proyecto no es claro en la cifra. Un tramo menciona 17 edificios y otro habla de 13. Entre ellos figuran: Vivero, Servicios Públicos, Los Troncos, Cementerio, DOA, Desarrollo Social y los polideportivos Nicolino Loche y Poliguay.
La vigilancia sería con seguridad privada presencial, sistemas de alarmas y cámaras.
Esto implicaría la contratación de personal externo para cubrir 420 horas diarias, algo inédito en la historia de la seguridad municipal.
El costo: 170 millones de pesos por mes
El cálculo económico está detallado en el expediente. La contratación de seguridad privada demandaría un gasto mensual de $170.990.160,00.
La cuenta se desprende de 13.008 horas mensuales de vigilancia a un valor de referencia de $13.145,00 por hora.
El número impacta: proyectado a un año, el gasto superaría los 2.000 millones de pesos. Todo esto en un municipio que reclama ayuda para cubrir servicios básicos y donde los vecinos sufren serios problemas de cloacas, alumbrado y bacheo.
Por ahora, es solo un cálculo estimativo, pero generará ruido en el ámbito político y sindical.
El personal que queda en seguridad interna
De los 129 agentes actuales de seguridad interna, solo 35 permanecerían en funciones tras el traslado.
Según el plan, estos se concentrarían en siete edificios clave: el Palacio Municipal, la Bodega Monclus, la Planta Potabilizadora Vertedero, Pascual Lauriente, el Juzgado Vial, el Polideportivo Quino y el Parque Automotor.
El documento reconoce que la mayoría de estos agentes superan los 55 años y presentan problemas de salud, lo que limita su capacidad operativa.
El texto en el documento es crudo:
“De un total de 115 agentes menos los 80 a trasladar quedarían 35 agentes en la mencionada área, quienes estarán destinados a la cobertura de los 7 objetivos municipales, los cuales son mayores de 55 años , poseen enfermedades predeterminadas, y también están pronto a retirarse”.
Traslados que generarán suspicacias
En el expediente aparecen detalles que llaman la atención. Allí se describen orígenes y destinos de traslados internos, algunos relacionados con documentación municipal de rutina.
El hecho de que se proyecte seguridad privada para acompañar traslados burocráticos ya genera críticas. Se advierte que se priorizan recursos millonarios en custodiar papeles mientras los barrios siguen inseguros.
Un proyecto aún sin adjudicación
Es clave aclararlo: el EXP-11629-2025 no es todavía una contratación. Se trata de un proyecto de reorganización que prevé escenarios y costos posibles.
El propio expediente deja constancia de que las cifras son estimaciones de referencia y que cualquier adjudicación futura deberá pasar por los procesos licitatorios correspondientes.
Aun así, la magnitud del gasto proyectado y la decisión política de recurrir a empresas privadas generarán preocupación en la ciudadanía.
El dilema político de Calvente
El intendente Marcos Calvente queda en el centro de la polémica. Si avanza con este plan, deberá explicar por qué se opta por un modelo de seguridad privatizada y con costos millonarios, en lugar de fortalecer el personal municipal existente. Los antecedentes en la materia no lo dejarían bien parado.
Para muchos, el esquema refleja una tendencia: reducir la estructura pública y abrir negocios para empresas cercanas al poder.
De concretarse, el gasto sería desproporcionado e injustificado frente a las prioridades reales de los vecinos.
Un proyecto con olor a escándalo
El EXP-11629-2025 no es una contratación cerrada. Es un proyecto en análisis que anticipa cómo podría reorganizarse la seguridad de Guaymallén en los próximos meses.
Pero las proyecciones que contiene son suficientes para encender alarmas: traslado de 80 agentes, privatización de edificios municipales y un gasto mensual superior a 170 millones de pesos.
Si el plan se aprueba, Guaymallén podría inaugurar una nueva etapa de más seguridad privatizada, costosa y poco transparente.
La pregunta central es si el intendente Calvente avanzará con esta idea o si el ruido político y social lo obligará a replantear un proyecto que ya huele a escándalo.
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con lo que están robando últimamente personal de seguridad Interna,el municipio ahorra más con agentes privados y esto es para no despedir a varios y puedan concretar su jubilación
Entendemos tu observación sobre el estado de parte del personal de seguridad interna. Es cierto que hay falencias graves en capacitación, control y condiciones laborales. Pero eso no justifica que el municipio proyecte gastar $170 millones mensuales en seguridad privada, sin una planificación seria ni transparencia.
Si el problema es que los agentes están sin formación, con problemas de salud o sin control, la respuesta debería ser profesionalizar, capacitar y transparentar. No convertir la necesidad en un negocio millonario para empresas privadas.
Además, el propio expediente admite que gran parte del personal restante tiene más de 55 años y enfermedades preexistentes. ¿No sería más lógico implementar programas de salud laboral, reubicación administrativa o retiros voluntarios controlados, en lugar de crear un gasto descomunal que los vecinos terminan pagando?
El debate no es si hay problemas en seguridad interna (que los hay), sino si la salida debe ser pagar fortunas todos los meses a privados mientras se abandona la responsabilidad de administrar bien los recursos humanos propios.
Buena tardes !!señor anónimo usted sabe de seguridad interna del municipio de guaymallen..yo creo que no son exelentes personas entre mujeres y hombres muy trabajadores con lo que tienen …l repito gente honesta no se de usted!! Muchas gracias