Guaymallén: cuando no pueden tapar la mugre en los papeles, lavan la chatarra y aprietan al que trabaja

Mientras los expedientes del parque automotor se amontonan y las notas empiezan a incomodar a la gestión, en los depósitos municipales lavan chatarra, alinean vehículos desmantelados y se preparan los aprietes para los empleados que saben demasiado, (son muchos). Por Redacción

En Guaymallén están pasando dos cosas al mismo tiempo.
Por un lado, los expedientes empiezan a hablar: camiones y vehículos desguazados, GPS y seguros pagos para vehículos que ya no existen, RTO ordenadas para unidades que deberían ir a remate y una presentación judicial que dejó constancia formal del desorden.

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Por otro lado, en los depósitos de movilidades se apuran a lavar la chatarra, (Foto de portada), acomodar utilitarios destruidos y posar de prolijos, como si un poco de agua y orden en la fila pudieran tapar años de abandono.

En medio de ese clima aparece el viejo reflejo del poder chico: apretar al que trabaja.
Cuando los papeles comprometen a los de arriba, los primeros candidatos al sacrificio son siempre los mismos: los empleados que conocen la realidad cotidiana, los que vieron pasar camiones, firmaron planillas de entrada y salida, escucharon órdenes contradictorias y se animaron a hablar, aunque sea en voz baja.

Lavan la chatarra, no las responsabilidades

Las imágenes recientes del depósito municipal muestran una postal tan grotesca como elocuente.
Los furgones identificadas como P52 y P53 aparecen desmanteladas, con la chapa golpeada y piezas faltantes, pero prolijamente alineadas sobre un piso recién lavado. El agua todavía se ve en el suelo, como si alguien hubiera apurado un operativo maquillaje: no pueden devolverles la vida, pero al menos que la chatarra no se vea tan fea en las fotos. Eso si, no les sacaron los yuyos crecidos debajo de las ruedas

Ese esfuerzo repentino por ordenar visualmente el desastre no tiene nada de inocente.
Mientras durante años la flota se caía a pedazos sin inventarios serios, sin auditorías a tiempo y sin control real de GPS ni seguros, ahora la preocupación urgente es que el depósito parezca presentable. Lo que nunca se ordenó en los sistemas, se intenta disimular con manguera y balde.

La escena resume la lógica de esta gestión: cuando la realidad se vuelve incómoda, no revisan decisiones, contratos ni cadenas de mando. Reacomodan el decorado, lavan lo que ven las cámaras y se preparan para otra cosa mucho más grave: buscar a quién culpar abajo.

El libreto de siempre: apretar al eslabón más débil

En estos días, distintos empleados municipales comentan en voz baja lo que se viene.
Se les recuerda que “acá adentro nos conocemos todos”, se pregunta “quién anda hablando con quién” y se sugiere que conviene “cuidar el trabajo”.

Esa forma de presión no tiene nada de original.
Cada vez que los expedientes exponen un desorden estructural, el poder chico activa el mismo manual: convertir a los trabajadores en sospechosos, marcar a los que piden explicaciones, castigar a quienes se niegan a mirar para otro lado.
En lugar de asumir responsabilidades políticas y administrativas, se amenaza con traslados, cambios de sector, carpetas dudosas o sanciones inventadas.

Conviene recordar algo obvio que en este departamento muchos prefieren olvidar: apretar empleados para que callen no solo es cobarde; también puede ser delito.
Y, sobre todo, es una confesión: quien necesita intimidar al que cumple horario y maneja una pala, probablemente tenga mucho miedo de que un día se ordenen de verdad los papeles.

Ecos, empleados y silencio obligado

Este medio viene trabajando sobre el parque automotor desde hace mucho, con expedientes, patentes, fotos y testimonios.
La presentación judicial que dejó constancia formal del estado de la flota no cayó del cielo. Es el resultado de la información que fue llegando desde adentro, muchas veces de personas que jamás serán nombradas y que solo quieren una cosa sencilla: que el municipio deje de tratar el patrimonio público como si fuera un galpón privado de favores.

Es importante dejarlo claro: ningún empleado está obligado a callarse cuando ve irregularidades graves.
Tampoco está obligado a aceptar reuniones a puertas cerradas que no tengan respaldo escrito. Menos a firmar documentos que lo conviertan en culpable de decisiones ajenas. Si aparecen traslados sospechosos, sanciones fabricadas o amenazas más directas, este medio va a hacer lo que sabe hacer: publicar con nombres y apellidos lo que otros intentan esconder.

Quienes hoy están nerviosos porque los expedientes y las fotos los comprometen, harían bien en recordar que la chatarra se lava. La responsabilidad no.
Los camiones desarmados, las Kangoo sin ruedas y los sistemas manipulados no se explican con un par de empleados díscolos. Se explican con años de descontrol, negocios para pocos y silencios muy cómodos en los escritorios importantes. ¿El equipo y dirección de Control de Gestión, lo entenderán?

Si finalmente deciden ir contra el eslabón más débil, quedará a la vista, una vez más, la verdadera escala de valentía de esta gestión: fuertes con el que marca tarjeta, débiles con el que firma contratos.

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