ASEMUG aportó la denuncia por violencia laboral que ingresó al municipio. El expediente figura “reservado”, pero la carátula identifica a la denunciada, mientras Guaymallén no brinda información institucional mínima. Por Redacción
En la Municipalidad de Guaymallén ingresó una denuncia formal por violencia laboral que solicita la apertura inmediata de un sumario administrativo y medidas urgentes de protección. El documento fue aportado a este medio por el sindicato ASEMUG. Describe un cuadro de hostigamiento, persecución y prácticas que, según el relato, habrían generado un ambiente laboral sistemáticamente hostil.
Hasta ahí, el municipio podría optar por un trámite con reserva parcial para proteger datos sensibles. De hecho, el escrito menciona impactos en salud y situaciones delicadas, y reclama resguardo de evidencia interna. Sin embargo, lo institucionalmente grave es otro dato: se conformó un expediente “reservado”, y al mismo tiempo el municipio mantiene un silencio total ante consultas básicas sobre qué medidas adoptó, si preservó evidencia y si inició actuaciones formales.
Ecos Mendocinos intentó obtener información institucional mínima sin pedir datos personales ni relatos íntimos: confirmar existencia del expediente, área interviniente y estado del trámite. No hubo respuesta. En ese contexto corresponde agregar un hecho verificable: Ecos Mendocinos se encuentra bloqueado en canales de comunicación del municipio, lo que impide canalizar consultas por las vías habituales. Ese bloqueo no impide que el medio esté informado ni que pueda documentar por otras fuentes, pero sí impide el contraste oficial y afecta el derecho ciudadano a una respuesta pública.
Y aquí aparece la contradicción central: el expediente figura como “reservado”, pero la carátula administrativa identifica con nombre y apellido a la denunciada, además de incluir datos que deberían estar minimizados si el objetivo real fuera proteger a las personas involucradas. Dicho simple: reserva para no informar, pero no para cuidar identidades.
Ecos Mendocinos registra antecedentes periodísticos vinculados a este circuito interno de gestión y a episodios previos de conflictividad administrativa. Por resguardo de las denunciantes —que continúan trabajando en el ámbito municipal—, en esta etapa no se aportarán pistas para identificar a denunciantes ni para inferir detalles que permitan ubicarlas: la reserva, si sirve para algo, debería proteger a quienes denuncian, no blindar silencios.
Qué denuncia el escrito y por qué el municipio debería dar explicaciones mínimas
La denuncia no es una presentación vaga: formula imputaciones administrativas por violencia laboral, menciona además persecución política, discriminación por origen nacional y violencia de género, y solicita medidas de protección para las víctimas, con un encuadre explícito de intervención institucional.
En distintos tramos del escrito se describen prácticas que, de confirmarse, exceden el “mal trato” informal y encajan en un patrón de abuso de autoridad dentro de una estructura jerárquica: órdenes cambiantes, presiones, aislamiento y uso de la jefatura como forma de control. En paralelo, el documento sostiene que el impacto en la salud de las agentes habría sido severo: crisis de ansiedad, ataques de pánico, trastornos del sueño, pérdida de peso y necesidad de asistencia psicológica y psiquiátrica.
Ecos Mendocinos no va a transformar una denuncia laboral en espectáculo. Por eso, en esta nota se omiten detalles íntimos que el propio escrito menciona y que, por su naturaleza, podrían exponer o revictimizar. El punto central es institucional: cuando un municipio recibe una denuncia así, no puede limitarse a rotular “reservado” y callar; debe actuar, dejar trazabilidad. Y al menos responder lo mínimo sin vulnerar datos sensibles.
Lo que pide la denuncia: sumario, medidas preventivas y preservación de prueba
El petitorio es claro y apunta a tres ejes que se pueden verificar sin exponer a nadie: sumario, medidas preventivas y resguardo de evidencia. El escrito solicita apertura de sumario administrativo y suspensión de funciones durante la investigación por el riesgo que describe. También pide separación preventiva o traslado, por temor a represalias y por el poder de influencia atribuido a la denunciada.
Además reclama intervención de áreas competentes para evaluar daño y proteger integridad física y psicológica. Vuelve sobre un punto que define la seriedad del trámite: preservación de prueba. Se solicita resguardar registros de asistencia, notas electrónicas y comunicaciones laborales, además de citar testigos mencionados.
Nada de esto exige que el municipio entregue datos personales. Nada de esto obliga a revelar identidades de denunciantes. Pero sí obliga a algo básico: que la administración pueda confirmar si actuó, si preservó evidencia y si abrió un procedimiento formal con medidas de resguardo.
La paradoja del “reservado”: se bloquea la información, pero la carátula expone a la denunciada
Si el expediente es “reservado” por protección, lo esperable es que el municipio sea cuidadoso y aplique criterios consistentes: disociación de datos, minimización de información sensible y comunicación institucional básica sobre el estado del trámite.
Sin embargo, la carátula del expediente —que este medio publica con datos personales irrelevantes tapados— contradice ese discurso. En lugar de limitar información, el extracto administrativo identifica a la denunciada en el propio asunto. Es decir: se restringe el acceso a la información y, al mismo tiempo, se deja visible aquello que el municipio debería manejar con criterio si el objetivo real fuera proteger.
Este punto es el corazón de la nota. No se trata de “exponer por exponer”. Se trata de mostrar una práctica que en la administración pública suele repetirse: la reserva se usa como cerrojo informativo, pero no necesariamente como herramienta seria de resguardo de derechos.
Preguntas al municipio: lo mínimo que deberían contestar sin vulnerar reserva
Ecos Mendocinos no pide testimonios íntimos, no pide nombres de denunciantes, no pide datos sensibles. Pide respuestas institucionales mínimas:
- ¿Se inició un sumario o investigación interna formal y se designó instructor?
- ¿Se dictaron medidas preventivas para evitar presiones o represalias mientras se investiga?
- ¿Se preservaron registros y comunicaciones laborales para resguardar evidencia?
El municipio puede responder en términos generales. Si elige no hacerlo, el “reservado” deja de ser protección y empieza a parecer blindaje. Esta nota se construye sobre documentación aportada por ASEMUG y queda abierta a incorporar descargos y actuaciones formales si la Municipalidad decide responder.
La Municipalidad puede enviar su respuesta o descargo y será incorporado a esta nota.
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