El reductor como capricho municipal, no como política vial

El municipio invoca razones viales cuando conviene, pero las contradice al colocar reductores donde no hay criterios objetivos.

Foto: Municipalidad de Guaymallén

Las respuestas firmadas por Romina Zampieri Jefa de Planificación vial, Dirección de Obras por Administración (DOA), en distintos expedientes sobre reductores revelan un patrón: las razones para aprobar o denegar cambian según la calle, no según la lógica vial. Las contradicciones son tan evidentes que los documentos se pisan entre sí.

Calles mínimas con prioridad absoluta

La calle Pierandrei no supera los 300 metros. Ascasubi apenas llega a 200. Sin embargo, allí se aprobaron reductores sin objeciones. Ambas son calles de pavimento asfaltico. En ambas calles, Zampieri aduce que hay registros de policía de tránsito que dan cuenta de “corridas de picadas” en horario nocturno. No se adjuntan los registros

En uno de los expedientes se fundamenta que los mismos se autorizan porque los vecinos manifiestan circulación insegura y se considera procedente la colocación por precaución. Ningún estudio de tránsito, ninguna evaluación técnica, ni un solo párrafo que justifique por qué en calles tan cortas se considera urgente instalar obstáculos.

Mientras tanto, los pedidos para calle Dean Funes —una vía de conexión rápida entre Adolfo Calle y Lamadrid— fueron rechazados. En el expediente EXP-16353-2025, la resolución firmada explica:

“El tránsito vehicular no presenta riesgos significativos y existen vías alternativas para el fraccionamiento de velocidad”.

Lo llamativo es que esas “vías alternativas” son justamente las que se ven congestionadas por la semaforización, falta de reductores en ese tramo. Y donde hay más flujo, más rechazo.

Conclusión: calles barriales diminutas obtienen prioridad inmediata, mientras calles estratégicas reciben negativas con argumentos genéricos.

Mathus Hoyos vs. Murialdo: la doble moral asfaltada

Sobre Carril Mathus Hoyos, frente al Club CEC, se instalaron dos reductores en apenas 30 metros. Esa zona tiene características prácticamente idénticas a Carril Milagros, donde otro expediente fue rechazado utilizando fundamentos contradictorios.

Mientras tanto, en NEE-16166-2025, vinculado a la zona del Club Murialdo, se niega la instalación afirmando:

“La presencia de reductores en arterias de flujo medio puede generar riesgos por detenciones imprevistas y entorpecer el paso sostenido”.

El criterio, sin embargo, cambia por completo frente al CEC. El 15 de septiembre se realizó allí el acto de inauguración oficial del Complejo Deportivo del Centro Empleados de Comercio (CEC), y Calvente estuvo presente. La propia página web del municipio difundió el evento, presumió de los reductores e incluso publicó la misma foto que ilustra esta nota. ¿Tendrá algo que ver?

La contradicción es brutal: dos clubes similares, dos calles comparables, dos decisiones opuestas. Murialdo recibe un “no” técnico; CEC, dos reductores en tiempo récord.

¿El municipio duda de la calidad de reductores que coloca?

Si, en el EXP-24445-2025, se niega una solicitud usando este argumento, amén de confundir la dirección:

Ítem 1: Acaso los reductores modulares instalados en otros lados fueron pegados?

Ítem 2: La funcionaria, Romina Zampieri admite que el material se deforma con temperaturas de verano y genera baches.

Ítem 3: Aduce mucho tráfico de micros y camiones, ¿acaso en Carril Mathus Hoyos eso no sucede?

Ítem 4: En Carril Mathus Hoyos colocaron reductores hasta en la banquina. Ver foto principal.

Sin embargo, en otros casos se aprueban sin mencionar ningún riesgo. En otro expediente, se afirma que:

la implementación no representa afectación estructural ni riesgo para el pavimento existente”.

Dos frases oficiales, mismas firmas, criterios opuestos.
Si el pavimento puede deformarse por calor en una calle, ¿por qué no en otra con iguales materiales y tránsito?

La incoherencia deja expuesta otra duda peor: ¿la propia autoridad descree de la calidad de las obras que contrata? Parece que si, Romina Zampieri

Reductores frente a un hospital: la ambulancia que frene

En calle Pedro del Castillo, cerca del Hospital Santa Isabel de Hungría, también colocaron reductores. No hay informe técnico específico que descarte afectación al tránsito sanitario.

Uno de los textos administrativos usados para justificar indica:

“La proximidad a centros de circulación sostenida no impide la colocación cuando se busca moderar velocidades”.

Eso se aprueba cerca de un hospital, donde llegan ambulancias. Mientras tanto, en otro expediente de rechazo se argumenta lo contrario:

“Evitar elementos que puedan interferir con emergencias o tránsito asistencial”.

El mismo criterio se invierte según el expediente.

Las negaciones “técnicas” se desarman con los hechos

En el expediente EXP-23726-2025, donde se rechaza una solicitud, se sostiene:

“Las características del tramo no justifican intervención física por inexistencia de incidentes denunciados”.

Pero en calle Pierandrei y calle Ascasubi no se adjunta ni un acta, ni un informe, ni un parte policial. Sin embargo, ahí sí hubo intervención. Lo que en un expediente es “ausencia de riesgo” en otro se vuelve “prevención aceptable”.

En EXP-24257-2025, incluso se afirma:

“Se prioriza la libre circulación y se descarta la colocación de elementos reductores en vías sin cruce escolar o comunitario directo”.

Esa frase queda pulverizada frente a lo ocurrido en calles Mathus Hoyos y en calle Pedro Molina. En los expedientes aprobados no se menciona cruce escolar ni comunitario, y aun así los instalaron.

La firma que cambia de criterio como quien cambia de calle

En todos los documentos aparece el mismo nombre: Romina Zampieri. Las resoluciones poseen contradicciones evidentes entre sí:

  • En unos casos se niega por “afectación al tránsito”.
  • En otros se aprueba sin estudio, aun donde circulan ambulancias.
  • A veces se habla de “riesgo para motos”, otras veces se lo omite.
  • En ciertos rechazos se advierte sobre “costos injustificados”; en otras zonas se gastó doble, en 30 metros.

Lo que se niega con fundamentos administrativos se aprueba en la vereda de enfrente usando argumentos opuestos.

Calle Pierandrei y calle Ascasubi: los ejemplos que delatan el absurdo

En ningún expediente de aprobación de esas calles cortas se menciona capacidad vial, estudios técnicos o tránsito real. Se usa una frase repetida:

“Se considera razonable atender las inquietudes manifestadas por los vecinos”.

Cuando se pide en Dean Funes, la respuesta es la inversa. En uno de los rechazos, se indica:

“El flujo no excede niveles que ameriten intervención estructural”.

El problema es que en esas calles mínimas el flujo es mucho menor y aun así se actuó sin medir nada. Lo pequeño tuvo prioridad, lo importante recibió excusas.

Hospital vs. clubes: prioridades invertidas

En el caso del Hospital Santa Isabel de Hungría, los reductores a 300 metros entorpecen una vía de acceso médico. En los expedientes sobre esa zona, no se menciona riesgo ni tránsito asistido.

En cambio, cuando los vecinos de Murialdo solicitaron intervención, la respuesta fue negativa. En NEE-16166-2025 se lee:

“Se sugiere evitar elementos físicos que obstaculicen maniobras de giro y acceso de vehículos de mayor porte”.

Sin embargo, frente al CEC no hubo advertencias. Se instalaron dos reductores en 30 metros, pese a que el tránsito es similar o menor.

El discurso oficial se contradice con su propia práctica

Frases como “no se recomienda instalar en arterias vehiculares troncales” se usan para rechazar, pero no para autorizar. En otras actuaciones aparece la afirmación contraria: “la presencia de clubes y vecinos requiere moderación física del tránsito”.

Según el expediente, la frase técnica es un comodín o una excusa. El criterio se mueve como si fuera opcional.

Lo que muestran los papeles y lo que se ve en la calle

Lo que se lee en los expedientes deja tres certezas:

  • Los argumentos cambian para justificar decisiones previas.
  • Las aprobaciones se dan sin estudios en calles insignificantes.
  • Las denegaciones se fundamentan con frases que luego se contradicen en otras resoluciones.

El municipio instaló reductores donde el tránsito es menor, los negó donde se necesitan, y afectó incluso áreas sensibles como hospitales. En simultáneo, usó justificativos técnicos que se desmienten con obra propia.

Conclusión: el reductor como síntoma de improvisación

Las decisiones no responden a un plan vial, sino a un criterio discrecional. Las firmas de Romina Zampieri validan un sistema donde la técnica es excusa, la contradicción es regla y la coherencia es anecdótica.

Cuando la misma autoridad aprueba en calle Pierandrei lo que niega en calle Dean Funes, instala en inmediaciones de un hospital lo que rechaza frente a un club, y argumenta desgaste en un expediente pero niega su existencia en otro, no hay planificación: hay arbitrariedad.

Hay innumerables casos más que se vislumbran, esto es solo una muestra.

Los papeles lo dicen. Las calles lo confirman. Y los reductores, lejos de ordenar, terminan revelando el verdadero desorden: el institucional.


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