El comunicado de Burgoa. Por Néstor Bethencourt
Concejal Miqueas Burgoa
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la Municipalidad de Guaymallén se enfrenta a un hecho inédito que sacude la política local: El concejal José Pozzoli, del bloque Unión Por la Patria presentó un proyecto formal para iniciar el proceso de remoción del concejal Miqueas Burgoa, integrante del oficialista Cambia Mendoza.
El hecho: conducción peligrosa y abuso de poder
El detonante de esta iniciativa es un episodio reciente y públicamente conocido: el concejal Burgoa fue detenido en General Alvear tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, y, según versiones, sin la documentación reglamentaria, y supuestamente adoptando una actitud agresiva hacia las autoridades policiales.
Los informes indican que Burgoa intentó amedrentar a los oficiales, invocando su condición de funcionario público para evitar una infracción vial y el secuestro de su vehículo. Además, se le detectó una concentración de 1,25 gramos de alcohol en sangre, valor que excede ampliamente el límite permitido.
Este comportamiento, calificado de irresponsable e indigno por el bloque impulsor del pedido, habría vulnerado no solo las normas legales, sino también la ética y el decoro que debe mantener un representante del pueblo.
Desmentida del concejal
Por su parte, el concejal, Miqueas Burgoa, se dirigió ayer a los vecinos a traves de un comunicado, para explicar el incidente ocurrido en General Alvear. Confirmó que dio positivo en un control de alcoholemia y que se le labró el acta correspondiente junto a la retención del vehículo, según establece la ley.
Sin embargo, negó rotundamente otras versiones que lo acusan de cruzar un semáforo en rojo, resistirse a la autoridad, hacer valer su cargo o haber estado en un boliche. Asegura que el acta del oficial de tránsito no menciona tales hechos y que esas afirmaciones son falsas.
Finalmente, ofreció disculpas públicas a los vecinos por la situación.
El marco legal: Ley 1079 y facultades del Concejo
El pedido de remoción se apoya en la Ley Provincial N° 1079, que en su artículo 66 establece los causales y el procedimiento para destituir a concejales.
Esta norma sostiene que se puede solicitar la remoción cuando un funcionario incurre en conductas que:
- Afecten la dignidad del cargo;
- Vulneren la ética pública;
- Dañen la imagen institucional del municipio;
- Lesionen la confianza de los vecinos.
En base a esta legislación, el proyecto afirma que los hechos protagonizados por Burgoa configuran una violación grave a los deberes morales y funcionales del cargo, por lo que corresponde que el HCD avance con los procedimientos administrativos y políticos necesarios para definir su continuidad como concejal.
¿Remoción o blindaje político?
El caso ha generado fuertes repercusiones en el ámbito político y en la ciudadanía. Mientras el oficialismo local se mantiene absolutamente dividido (Marcelino Iglesias Vs. Marcos Calvente), sectores opositores exigen una respuesta institucional firme que garantice el respeto a la ley y la igualdad ante las normas.
Además, sectores críticos advierten que si el pedido de remoción es bloqueado por el bloque Cambia Mendoza —al que pertenece Burgoa— se estaría incurriendo en una protección corporativa incompatible con el mandato popular.
Un escándalo que daña la imagen de Guaymallén
La noticia del incidente protagonizado por Burgoa se viralizó rápidamente y generó repudio en redes sociales. Vecinos, dirigentes y referentes de derechos civiles coinciden en que el comportamiento del concejal no solo fue ilegal y temerario, sino que desprestigia a toda la institución del HCD y refuerza el malestar ciudadano con la clase política.
La credibilidad de las instituciones municipales —ya debilitada por otras denuncias recientes— vuelve a estar en juego. ¿Actuará el Concejo Deliberante de forma ejemplar o primará la impunidad?
Una oportunidad para restaurar la ética pública
El pedido de remoción de Miqueas Burgoa marca un punto de inflexión en la política de Guaymallén. Más allá del caso individual, la decisión que tome el HCD será una señal clara hacia la ciudadanía: o bien se refuerzan los principios de transparencia, ética y responsabilidad, o se consolida una lógica de impunidad institucionalizada.
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