Dos expedientes oficiales revelan faltantes por más de 53.000 unidades, desfasajes del 85% al 97% y un sistema de stock inconfiable. La “nota aclaratoria” relativiza el desastre. Por Redacción
Dos auditorías oficiales de la Municipalidad de Guaymallén confirman faltantes masivos en depósitos públicos. Pero además exhiben algo peor: un sistema de control interno que detecta el desorden y, al mismo tiempo, lo amortigua.
Los expedientes NEE-22769-2025 (Depósito de Cultura y Turismo, 30/12/2025) y NEE-532-2026 (Depósito de Desarrollo Comercial / Económico, 12/01/2026) provienen de la Dirección de Control de Gestión. Ambos usan la misma matriz: inventario, comparación sistema versus físico, recomendaciones y un cierre prudente.
Dicho sin vueltas para el vecino: el municipio no tiene control confiable sobre bienes comprados con recursos públicos, y cuando audita ese caos, el propio acto auditor muestra grietas.
Números que cualquier vecino entiende
En Cultura y Turismo, la auditoría reconoce que 93 de 109 ítems relevados (85,32%) presentan diferencias entre el stock físico y el stock registrado. El volumen es brutal: 23.013 unidades faltantes. Además, el informe admite que dos productos explican cerca del 84% del faltante total, una concentración que debería disparar controles específicos.
En Desarrollo Comercial / Económico, la situación escala: de 175 ítems auditados, apenas 5 no presentan diferencias. Eso deja 170 ítems con inconsistencias, más del 97% del inventario. El faltante total informado asciende a 30.324 unidades, con 3.402 unidades en sobrantes. La relación deja un mensaje simple: el sistema no refleja la realidad, y la realidad no respeta el sistema.
Estos porcentajes no describen errores marginales. Describen un modelo de gestión sin conciliación, sin trazabilidad y sin supervisión efectiva.
Qué falló, más allá del depósito
Las auditorías coinciden en un punto central: el sistema de stock está desactualizado, no conciliado y carece de confiabilidad. En criollo institucional, el registro no sirve como base de control. Sin conciliación periódica, cualquier depósito termina siendo un agujero negro administrativo.
Además, los informes describen movimientos sin documentación suficiente. Se mencionan consumos y salidas que no estarían respaldados con remitos, planillas completas o registros oportunos. Allí aparece el núcleo del problema: sin respaldo documental, no hay trazabilidad.
Cuando un ítem sale del depósito, el sistema debería responder siempre cuatro preguntas: quién lo autorizó, quién lo retiró, para qué se usó y cuándo ocurrió. Si el sistema no responde eso, el control es una ilusión.
Bienes “migrantes” y stock “fantasma”
En el expediente NEE-532-2026 aparece un dato que excede el depósito auditado: hay bienes que figuran en un lugar, pero están físicamente en otros espacios. Se mencionan traslados hacia escuelas de oficio u otras direcciones, sin un circuito claro de salida y reasignación.
Ese fenómeno explica una parte del desfasaje, pero abre otra pregunta: si los bienes circulan sin registro formal, quién controla ese movimiento. Un municipio no es una mudanza. El traslado de bienes públicos requiere trazabilidad administrativa.
En estos informes, la palabra “regularizar” aparece como promesa. El problema es que la irregularidad ya está instalada como rutina.
La “nota aclaratoria”: el paraguas que relativiza el hallazgo
Ambas auditorías incluyen una nota aclaratoria casi idéntica. Allí se sostiene que las diferencias numéricas “no implican necesariamente errores materiales” y que podrían deberse a factores operativos, como la forma de carga por marca o modelo. También se indica que el relevamiento fue manual y que podrían existir variaciones.
La contradicción es evidente. No se puede hablar de “variaciones menores” cuando se informan faltantes de decenas de miles de unidades. La aclaración funciona como un amortiguador institucional: documenta el problema y, al mismo tiempo, lo relativiza.
Ese cierre deja una puerta abierta para el clásico “después lo revisamos”. En un sistema sano, se revisa antes. En uno enfermo, se promete revisar siempre.
Cuando el acto auditor queda chico
Con estos números, el acto auditor queda grande en forma y chico en alcance. Hay formularios, cuadros y metodología, pero no hay cierre del circuito de responsabilidad. El informe termina siendo una auditoría de inventario, no una auditoría de gestión.
Se fija un plazo de 60 días para regularizar. Sin embargo, el texto no muestra un esquema robusto de seguimiento, sanción por incumplimiento o control posterior obligatorio. En términos prácticos, el sistema queda listo para repetir: se detecta, se recomienda y se vuelve a empezar.
El vecino no necesita tecnicismos para entenderlo: si el control sólo escribe, pero no corrige, el control no controla.
Errores administrativos dentro de las propias auditorías
Además del descontrol material, los expedientes dejan expuestas fallas formales. En NEE-532-2026, el trámite consignado figura como “Dirección de Asuntos Jurídicos – Mediación”, una etiqueta ajena a una auditoría de inventario. Un encuadre administrativo incorrecto puede ser observado por vicio de forma.
En el mismo expediente aparece una contradicción básica: se declara auditada a Desarrollo Comercial e Industrial, pero el asunto consignado en el formulario dice “Inventario Depósito de Turismo – Bienes de Consumo”. Si el encabezado confunde el objeto, debilita la precisión del acto.
También hay inconsistencias temporales. El informe declara período auditado el 25/11/2025, pero los anexos consignan relevamientos fechados el 27/11/2025. En NEE-22769-2025 se declara período del 10 al 16/12/2025, mientras anexos se rotulan con fecha 10/12/2025. Estas discordancias erosionan coherencia interna.
Nada de esto borra el descontrol hallado. Pero sí debilita la solidez administrativa del acto auditor, justo cuando debería ser irrefutable.
Control de Gestión bajo la lupa
No es un detalle menor que ambos expedientes salgan de la Dirección de Control de Gestión, bajo la conducción de Pablo Raddi, con Lorena Cañete en rol operativo. La repetición de resultados, metodología y aclaraciones sugiere que el problema no es un depósito aislado.
En Ecos Mendocinos existen antecedentes publicados sobre Raddi y Cañete, vinculados a la fragilidad de controles y a la distancia entre diagnóstico y corrección. En este caso, los propios expedientes vuelven a dejar un patrón: se certifica el desorden, pero el sistema no demuestra capacidad para enderezarlo.
Un control interno serio incomoda. Aquí, el control parece entrenado para convivir con el desorden.
Remate: el espanto verdadero
El espanto no es que falten cosas. El espanto es que el municipio lo certifica por escrito y aun así no muestra un mecanismo capaz de corregirlo. Audita su propio desorden, lo registra y lo administra.
Si Control de Gestión está para controlar, estas auditorías dejan una conclusión venenosa y simple: en Guaymallén, el control también quedó en el depósito.
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