Más presión legislativa opositora se suman al caso del inspector de cauce suspendido por sospechas de corrupción. Por qué el caso alcanza a Marcelino Iglesias.
Fuente: Marcelo Arce para MDZ
(Nota de redacción: Si bien no solemos agregar notas de otros medios, más hablando desde el tema desde hace al menos 2 años, la presente nota realizada por Arce, contiene datos precisos y certeros que merecen destacarse. Aplausos al colega y al medio)
El escándalo que viene sacudiendo desde hace tiempo al Departamento General de Irrigación amenaza con tener continuidad en los próximos días. Esta semana, una nueva denuncia se sumará a la que ya tiene en su seno la Justicia provincial para determinar si existió o no delito en el accionar de Alejandro Currenti, el inspector de cauce de Corralitos, quien fuera suspendido el jueves pasado en sus funciones.
Esto, tras un largo proceso de investigación interna de meses que las propias autoridades del ente del agua en un momento quisieron ocultar y que todavía deja muchas dudas.
En ese sentido, el concejal de Unión por la Patria de Guaymallén, José Pozzoli, confirmó que presentará una demanda penal para que se investigue el accionar de ese municipio quien, bajo la conducción de Marcelino Iglesias, aportó una suma millonaria en materiales para canales de riego que no fueron construidos y que forman parte de las sospechas de corrupción que obligaron al DGI a suspender a Currenti.
A la denuncia de Pozzoli, se le suma un nuevo embate legislativo encabezado en este caso por el diputado de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, quien también pretende que se apruebe un pedido de informes al Tribunal de Cuentas de la provincia para que remita a la Legislatura los balances presentados por la Inspección Variante Corralitos de los años 2022 y 2023.
Allí, se habrían registrado déficits de $22 millones y de $12 millones aproximadamente en los balances de la Inspección cuestionada.
Mientras tanto, la oposición en el Senado espera también por la remisión del expediente que la propia Dirección de Fiscalización de Irrigación le abrió a Currenti en septiembre pasado y que fue la llave para que se abriera el proceso que desembocó en la suspensión dispuesta por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA).
Esa carpeta,solicitada por el senador peronista Félix González, contiene la información clave para saber en definitiva cuáles fueron las irregularidades cometidas en el manejo de fondos destinados a la construcción de kilómetros de canales de riego en la zona.
Lo que se está ventilando, como ya contó MDZ, consta en este expediente interno iniciado en septiembre del año pasado (Repartición 24- Letra 2- Número de orden 802812) por la posible irregularidad cometida en el manejo de al menos tres obras financiadas por el Departamento y en donde Guaymallén también puso plata.
Luego de varias idas y vueltas por lo espinoso del caso, la semana pasada el HTA finalmente votó para determinar si le correspondía o no una sanción al Inspector y lo hizo presionado por la determinación de algunas autoridades de tapar el episodio.
El superintendente Sergio Marinelli, dijo a este diario que “es mentira” que en su momento se haya buscado proteger a Currenti y dio sus argumentos. “Lo que yo plantee siempre fue objetividad ante la obra que se hizo y que es enorme y única”.
En ese sentido, detalló que se realizaron más de 32 kilómetros de canales construidos entre 2019 y 2023, que Irrigación financió parte de estos proyectos por más de $56 millones y que, en un momento, se estaban llevando adelante diez obras de forma simultánea con varios frentes. “Y, además, con una inflación galopante”, defendió el superintendente.
En síntesis, la justificación por el accionar de Currenti, a quien le falta explicar por qué no hizo dos obras y otra le dejó sin terminar en un 75%, se centró en que la altísima inflación lo obligó a desviar fondos hacia otros proyectos y que el problema, en definitiva, fue que no avisó lo que hacía.
Sin embargo, más allá de las explicaciones oficiales, la cadena de protecciones operó. Y de manera contundente desde septiembre a junio. Y en dos oportunidades al menos.
En una primera instancia, Irrigación envió los balances de la inspección de Coralitos al Tribunal de Cuentas con números que no cerraban, aunque con la expectativa de que este lo terminara aprobando. Pero eso no ocurrió: el Tribunal se los devolvió luego de constatar que existían balances poco claros y allí fue cuando Marinelli se vio obligado a obtener el aval del HTA.
En una reunión realizada a principios de junio, presionó para justificar el mal accionar de Currenti bajo el argumento del problema de la inflación, pero se encontró con una barrera que posteriormente no pudo sortear. Dos consejeros del Honorable Tribunal, Alejandro Gennari del río Mendoza y Eloy Guerrero del Tunuyán inferior, se negaron a dar su aval por lo evidente de algunos desmanejos.
Finalmente, en otra tensa reunión, el HTA votó suspender a Currenti en sus funciones, dar vista al Tribunal de Cuentas y derivar el expediente a la Justicia aunque aquí vale introducir un pequeño detalle. Irrigación no lo denunció al Inspector y lo que hizo fue dar vista a la UFI para que algún fiscal actuara de oficio.
La causa ingresó a Delitos Económicos del Ministerio Público y el fiscal de turno es Juan Ticheli.
Además de suspenderlo por 60 días e investigarlo, el HTA multó a Currenti con una suma de $1.368.232,74 por comprobantes no rendidos que ahora deberá devolver y con intereses. Pero este castigo, abre el camino de las dudas acerca de cómo seguirá el caso.
El primer interrogante. La multa monetaria se aplicó sobre incompatibilidades de rendiciones realizadas por la Inspección en el año 2021. Falta auditar, porque el Tribunal de Cuentas aún no se aboca a eso, los años 2022 y 2023 que es en donde ya se conoce que la Inspección observada presenta balances en rojo.
No constituye, en principio, ningún delito. Pero en la votación del HTA no se mencionaron otros aspectos que rodean a la gestión de Currenti que también son objetables,
Por caso, cómo Irrigación le otorgó fondos para que construyera la sede en Corralitos pero el hombre la terminó edificando en un terreno de su propiedad y, aprovechó el dominio, para hacer un comodato con la DGI que le permitiría utilizar las instalaciones que le pagó el Estado (galpones, infraestructura , etc) en beneficio propio.
Su mujer, Romina Cagol, habría firmado asimismo en enero de este año un contrato de locación de servicios con la Inspección Canal Vertiente Corralitos para la realización de tareas administrativas por un total de $5.040.000 a pagar en doce cuotas de $420.000 cada una.
Pero lo más interesante de este vínculo no queda aquí. Cagol, asimismo, habría firmado un convenio para aportar a la Inspección un tractor Massey Ferguson de su propiedad y además con una cláusula especial: Irrigación le garantizó que, caso de que las cubiertas de las máquinas se gastaran en un 20%, estas debían ser reemplazadas automáticamente por el organismo público.
Pero el punto clave para entender la trama de esta historia, no habría que buscarla únicamente en este personaje que ahora fue sancionado y del que se mencionan un sinfín de historias acerca de la forma en que se jactaba de cambiar su camioneta periódicamente, la manera en que adquirió una nueva casa sobre calle Bandera de los Andes o el misterio que rodea a su paradero desde hace unos días.
El punto está en Guaymallén.
El municipio, bajo la gestión de Iglesias, aportó su parte para que se construyeran esos más de 30 kilómetros de canales en pocos años.
El esquema funcionaba así: el DGI otorgaba los fondos a través de préstamos que la Inspección debía devolver, en los papeles, luego de haberle cobrado su parte a los regantes. La municipalidad, sumaba por su lado los materiales (hierro y hormigón) más el combustible para la construcción de esas mismas obras.
El propio Iglesias reconoció que la comuna puso más de 6.000 litros de combustible y no menos de ochocientos metros cúbicos de hormigón mensuales para tal fin.
En su descargo el exintendente sostiene que toda esta entrega de materiales está auditada, pero hay tres obras que faltan y Currenti adjudicó los trabajos sin hacerlos pasar por ninguna licitación y retirando, en la mayoría de los casos, él personalmente esos materiales que le entregaba el municipio.
Hoy, el mismo Pozzoli que denunciará penalmente al municipio, presentará un pedido de informes ante la comuna para que se transparenten, entre otras cosas,todos los convenios firmados con Currenti.
Otro detalle: quien estuvo a cargo de estos trámites fue el actual intendente, Marcos Calvente, ex secretario de Obras durante la gestión de Marcelino y aparentemente hoy enfrentado con su exjefe.
En definitiva: Irrigación volcó un financiamiento inédito en los últimos años sobre ese departamento para la construcción de canales de riego y lo hizo especialmente en este distrito.
El punto es la cantidad de kilómetros que se construyeron en una zona de tan pocos regantes y en donde, precisamente, el nombre de la Inspección beneficiada responde a que precisamente esa es una zona de vertientes. ¿Cuál habría sido entonces el interés?
Muy posiblemente, habrá que considerar que en realidad se trató más de un plan de obras municipales que apostaron al desarrollo inmobiliario del lugar, que a obras que fueron diseñadas y financiadas para optimizar el recurso hídrico o mejorar la situación de los productores.
Hacia atrás y hacia adelante, habrá que seguir con atención el derrotero de las autoridades de Irrigación. En el futuro cercano, por dos aspectos importantes: Marinelli está a punto de presentar no solo su plan hídrico para los próximos años que está sustentado en el polpemico acuerdo firmado con la empresa israelí Mekorot, sino que además se prepara para dar el debate legislativo (entre sospechas de corrupción que alimenta la oposición por lo ocurrido en Corralitos) de su proyecto más ambicioso. ¿Cuál?
El armado de un nuevo código de aguas que viene a aplicar algunas actualziaciones, pero también modificaciones sustanciales, a todo el andamiaje jurídico que sostiene desde hace mas de cien años el manejo de este recurso vital en Mendoza.
Pero fundamentalmente la mirada deberá estar puesta en otro escenario. Irrigación aspira a quedarse con un buena tajada de los recursos de Portezuelo del Viento que serán destinados a obras hídricas.
Cosas de la continuidad de los radicales en el poder: Marité Baudi, quien se desempeñó hasta el año pasado como secretaria de Gestión Hídrica del DGI y quien administró, entre muchas otras, estas obras de la discordia de ahora en Guaymallén, será una de las responsables principales de manejar las licitaciones de los mil millones de dólares a través del cargo que hoy ocupa en la subsecretaría de Infraestructura.
Hacia atrás, la gestión de Marinelli cuenta con una mancha notoria a la hora de relacionarse con las empresas. El caso involucró a Ceosa ( a Obras Andinas también) y tuvo todos los ribetes de un escándalo que llegó además a organismos internacionales de crédito.
Esta conducción de Irrigación fue protagonista de un episodio bochornoso en 2020, que trajo consecuencias para la provincia que jamás nadie asumió. En junio de ese año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un hecho inédito, retiró el financiamiento que había comprometido para la construcción de un acueducto ganadero en el Sur provincial, luego de que comprobaran irregularidades serias en el proceso de licitación encarado por el DGI y que derivó en una adjudicación direccionada para la empresa CEOSA de Fernando Porreta.
Se trataba del acueducto Monte Comán – La Horqueta, en San Rafael, que el Gobierno había licitado en agosto de 2019 con un presupuesto de $645.810.000 financiados en partes tanto por el BID como por el Estado Provincial.
La obra iba a ser adjudicada a Ceosa y Obras Andinas, pero denuncias judiciales de otras empresas que habían participado del proceso lo forzaron a torcer el rumbo e Irrigación, a través de la firma de Marinelli, dio de baja el proceso.
Lo que había ocurrido estaba claro: Irrigación descartó adjudicar para quien había realizado la oferta más barata (Laugero -Corporación del Sur) y optó por adjudicar al quinto en la lista. Es decir, a Ceosa y OAS. El BID formó una comisión investigadora luego de que la mayoría de las empresas, de un total de doce que se presentaron a competir, denunciara que quien resultó adjudicado había calificado en ese quinto lugar y que además había presentado un presupuesto que era $50 millones más caro que quien había realizado la oferta más baja.
En este caso, la empresa Laugero. En definitiva, el BID le terminó quitando el financiamiento a ese acueducto.
Las explicaciones oficiales en aquél momento fueron muy particulares y se asemejan, en cierta medida, a las excusas actuales de que faltan obras y plata por un problema de inflación. En esa oportunidad, Marinelli sostuvo que la licitación estuvo bien hecha y que el problema se generó por “puterío entre empresas”.
Aunque admitió la gravedad de un asunto: dentro del proceso se rompió la cláusula de confidencialidad porque uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Irrigación le aseguró al menos a dos empresas que no reunían los antecedentes que requería el pliego. Una información que, de ninguna manera, podría haberles trasladado.
¿La síntesis de este desmanejo? El gobierno terminó haciendo el acueducto y lo adjudicó en abril de 2023 a la empresa que había calificado en primer lugar en aquél proceso objetado por el BID.
Pero con una diferencia: de los $645 millones que iban a ser financiados en buena parte por el organismo de crédito internacional, la obra tuvo un costo de $ 4.600 millones que tuvo que asumir en su totalidad la provincia.