Guaymallén: el expediente de las remeras vendimiales que se incrimina solo
El EXP-3712-2026 muestra cotizaciones más altas que el presupuesto oficial, plazos incompatibles con la ley y una compra política financiada con fondos públicos. Por Néstor Bethencourt
Una compra de imagen con papeles que no cierran
Guaymallén. La Vendimia no es un imprevisto. Tampoco es una emergencia. Es un evento anual, planificable y anunciado. Por eso, cuando una compra vendimial entra a mediados de febrero empujada con urgencia, la pregunta es institucional. Quién planificó tarde. Quién controló tarde. Y Quién asumió el costo de llegar tarde.
El expediente EXP-3712-2026 se inicia el 18 de febrero de 2026 por la Dirección de comunicación y Asuntos Institucionales a cargo de Melisa Villarroel, solicita autorización para comprar remeras institucionales destinadas a eventos vendimiales y actividades municipales. El dato que cambia el sentido del gasto está escrito en el propio expediente. El objetivo no es operativo es “fortalecer la imagen de la gestión municipal”. En consecuencia, no se discute sólo una compra. Se discute un mensaje político financiado con fondos públicos.
Una compra de imagen con papeles que no cierran
El expediente describe remeras de algodón peinado, estampadas con técnica DTF, con exigencia de calidad y solicitud de muestras. A primera vista, nada de eso sería problemático, sin embargo, la incoherencia aparece en el núcleo del trámite.
La Dirección de Compras deja asentado que recibió siete cotizaciones para calcular el presupuesto oficial y que el promedio alcanzó $8.175.000. Ese promedio representa el mercado reconocido por la propia Municipalidad. No obstante, el expediente avanza con un presupuesto oficial de $5.740.000.
La brecha es enorme. Son $2.435.000 menos. En términos porcentuales, la reducción roza el treinta por ciento, por lo tanto, una administración seria debería explicar con precisión ese salto. Debería existir un fundamento claro, visible y defendible, que permita comprender por qué el promedio real vale una cosa, pero el presupuesto oficial adopta otra. El expediente, en su lectura directa, no muestra una justificación proporcional al tamaño del recorte. En este contexto, el número deja de ser un dato y pasa a ser una señal.
Plazos imposibles y una urgencia nacida del atraso
Además de los números, el expediente contiene una admisión temporal difícil de disimular. La Dirección de Compras explica que, respetando el procedimiento y sus plazos, el expediente recién podría salir para iniciar adjudicación el 12 de marzo de 2026. Acto seguido, el propio texto reconoce que esa fecha queda posterior al plazo de entrega solicitado, que era el 3 de marzo.
Dicho simple, el expediente pedía entregar antes de adjudicar.
Frente a ese descalce, aparece el pedido de trámite “urgente” en el circuito interno, con necesidad de aceleración por Intendencia, Finanzas, Contaduría, Jurídicos y Hacienda. Sin embargo, la urgencia no proviene de la Vendimia, porque el evento es anual y previsible. La urgencia proviene del atraso administrativo. En otras palabras, la administración corre para compensar lo que no planificó a tiempo. Ese método no corrige el problema. Sólo lo disimula, y el expediente deja rastros de esa maniobra.
Cantidades que cambian y un cierre presupuestario sin relato convincente
El pedido inicial hablaba de 500 remeras. Luego, el expediente termina consolidado en 400 unidades, con dos ítems de 200 cada uno. Los precios unitarios se fijan en $14.000 para la negra y $14.700 para la blanca oversize, con total estimado de $5.740.000 y financiamiento por Tesoro Municipal.
Reducir cantidades puede ser razonable. No obstante, un cambio relevante debería venir acompañado de una explicación operativa clara. Se espera una justificación vinculada a necesidades reales, stock, priorización o reprogramación. El expediente no expone ese relato con fuerza suficiente. Por eso, en un contexto donde el presupuesto oficial ya se aleja del promedio de mercado reconocido, el ajuste de cantidades parece más un acomodo que una planificación transparente.
Multas sin ordenanza y sanciones antes que reglas
Parece que en Guaymallén no alcanza con anunciar sanciones antes de tener la ordenanza correspondiente. Además, las irregularidades aparecen como una constante. Y este expediente lo confirma.
Este expediente no vive aislado. Por el contrario, encaja en un patrón municipal visible. La gestión mostró facilidad para exigir cumplimiento al ciudadano incluso cuando el respaldo normativo resulta endeble. En hechos recientes, tal como venimos publicando en Ecos Mendocinos, el municipio aplicó multas vinculadas a cambios de circulación en laterales del Acceso este sin contar con una ordenanza aprobada que sostuviera plenamente esas sanciones. La secuencia fue directa. Primero se anunció. Luego se sancionó. Más tarde se intentó explicar. De este modo, la regla quedó detrás de la multa.
Esa inversión del orden jurídico es grave. La norma debe preceder a la sanción. Cuando el Estado castiga sin ordenanza firme, el problema deja de ser una discusión administrativa. Se vuelve institucional. En esa línea se observó el caso del Acceso Este, donde se anunciaron “días de adaptación” y, sin embargo, las sanciones aparecieron casi de inmediato. (Ver nota publicada al respecto aquí)
Patrimonio descuidado y control interno que llega tarde
Por otro lado, el patrón se agrava cuando se mira el manejo del patrimonio público. Investigaciones previas en Ecos Mendocinos mostraron deterioro del parque automotor, vehículos desarmados y circuitos administrativos que continuaban arrastrando costos, como si el sistema siguiera “vivo” mientras el bien se destruye. (Ver nota publicada al respecto aquí) También se publicaron evidencias sobre gastos asociados a GPS en un esquema donde el control parece llegar tarde. (Ver nota publicada al respecto aquí)
A eso se suma un control interno que aparece cuando el daño ya ocurrió. Auditorías tardías, reacciones posteriores a la exposición y papeles que intentan ordenar lo que ya está roto. (Ver nota publicada al respecto aquí) En paralelo, emergen documentos que funcionan más como cobertura administrativa que como solución de fondo. (Ver nota publicada al respecto aquí)
Remate: el expediente expone una forma de gobierno
El expediente afirma que la compra busca “fortalecer la imagen de la gestión municipal”. Sin embargo, lo que termina reforzando es otra percepción. La de una administración que normaliza contradicciones, tolera incoherencias y empuja urgencias fabricadas por su propia demora. El promedio de cotizaciones reconocido y el presupuesto oficial adoptado no caminan juntos. El calendario legal y el plazo de entrega pedido tampoco. El expediente lo deja escrito, y ese es el problema.
A esta altura, el problema no es una remera. El problema es el pudor institucional. Cuando el Estado pierde pudor, la impunidad deja de esconderse. Y cuando el ciudadano se acostumbra, el abuso se vuelve costumbre.
Hasta cuándo.
Néstor Bethencourt
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