Mientras el periodismo denuncia aprietes, la justicia no se da por aludida y el municipio simula normalidad. En Guaymallén, el miedo cotiza más que la verdad.
Guaymallén en silencio: Las amenazas que el poder prefiere ignorar
La historia es sencilla de contar y complicada de aceptar: en Guaymallén, los funcionarios que amenazan periodistas siguen en sus cargos como si nada hubiera pasado, las instituciones miran hacia otro lado y el mensaje es claro: el que habla, paga.
La situación no es nueva.
En este departamento, investigar no solo incomoda, también molesta. Y cuando molesta demasiado, aparecen los nombres, los llamados, los recados, las frases dichas “entre mates”, en voz baja, pero con la claridad y la intención de quienes creen tener poder para disciplinar a quien pregunta demasiado.
Ya lo expusimos en Ecos Mendocinos. Dos veces.
No como rumor, no como chisme, no como operación: con nombre y apellido.
Joaquín Fernández y Carla Pagliaricci.
Funcionarios municipales, con acceso, vínculos y responsabilidades.
Personas que, según manifestaciones internas, profirieron amenazas directas contra este periodista.
Amenazas que no dejan lugar a metáforas:
“Te van a hacer cagar.”
“Te van a arrancar la cabeza.”
Frases que se dicen cuando no se está discutiendo ideas, sino poder, lealtades y miedo.
La justicia mira para otro lado (pero nadie debería sorprenderse)
Aclaremos algo de entrada: no presenté aún denuncia en Fiscalía.
Y no porque falten pruebas.
Sino porque en Mendoza, Judicial y Ejecutivo son primos que se prestan la camioneta.
Si el poder político tiembla cuando un periodista investiga, es lógico esperar que la justicia no se apure a intervenir sin que la opinión pública primero se escandalice.
La justicia en Mendoza funciona así:
- Si un pobre roba un pan, actúa de inmediato.
- Si un municipio entero está bajo sospecha, toma mate y espera que se pase el escándalo.
- Si un periodista recibe amenazas, pide prolijidad en las formas antes de preocuparse por la vida del periodista.
Nadie está sorprendido.
Solo estamos desnudos ante lo evidente.
La Municipalidad, mientras tanto, continúa en modo spa institucional
No hubo sumarios.
No hubo llamados.
No hubo aclaraciones.
No hubo comunicados.
No hubo intentos de reconstruir hechos.
No hubo siquiera una desmentida torpe (y mira que son especialistas en desmentidas torpes).
Nada.
En Guaymallén, el silencio no es casual:
es protocolar.
Porque admitir que funcionarios amenazan periodistas abre una puerta que el poder nunca quiere abrir:
la puerta de la rendición de cuentas.
Y ahí sí, el decorado del discurso de “transparencia” se cae como lona de circo mojada.
Los protagonistas siguen en sus cargos. Como si nada.
Joaquín Francisco Fernández continúa ligado a la estructura municipal.
Carla Pagliaricci mantiene su rol dentro del entramado administrativo donde siempre parece haber algo que “nadie quiere mirar”.
Siguen ahí.
Firmando papeles.
Dando indicaciones.
Tomando decisiones.
Moviéndose dentro de un ecosistema que premia el silencio y castiga la verdad.
Porque acá el mensaje no se lee entre líneas:
se escupe.
FOPEA tomó conocimiento, pero su código lo detuvo
FOPEA conoce el caso, recibió el material, evaluó la situación y respondió dentro de su marco:
no puede accionar porque el organismo solo interviene cuando la obtención de la prueba cumple criterios explícitos de consentimiento y registro.
Eso no significa que el caso sea menor, ni falso, ni exagerado.
Significa que la amenaza existe, pero la herramienta institucional para responder no es automática.
Lo importante:
FOPEA ya tiene constancia documental de lo ocurrido.
Es decir, si algo pasa, ya no pueden alegar desconocimiento.
Y eso protege.
A veces la protección no es un escudo.
Es un archivo de correo guardado en la bandeja correcta.
Las pruebas están resguardadas. Y no en un pendrive abajo de la cama.
Las pruebas que respaldan lo denunciado —en caso de que las amenazas se concreten—
están depositadas en una escribanía, con instrucciones precisas:
Si algo ocurre, la documentación será entregada directamente al Ministerio Público Fiscal para su intervención inmediata.
No hace falta decir más.
Que quien entienda, entienda.
Entonces, ¿qué sigue?
Lo que sigue no es el miedo.
Porque el miedo ya estuvo, y no ganó.
Lo que sigue es seguir investigando.
Seguir publicando.
Seguir registrando.
Seguir mostrando cómo funciona la maquinaria de un municipio donde la impunidad se volvió hábito.
Y sí, alguien tiene que decirlo:
Si un municipio necesita amenazar periodistas, no está gobernando: está administrando un botín.
En síntesis
- Hay funcionarios identificados que emitieron amenazas.
- Siguen en sus cargos.
- La Municipalidad no actuó.
- La justicia no intervino.
- FOPEA tomó conocimiento, pero está limitado por su Código.
- Las pruebas están resguardadas legalmente.
- El periodismo continúa trabajando.
Si alguien esperaba que la historia terminara acá,
no conoce Guaymallén.
Acá, la verdad no se calla.
Se publica. Una y otra vez.
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