Una contratación directa por 1.600 “horas reloj” sin definir cursos, destinatarios ni cronograma. El acuerdo se basa en una “cartilla abierta” que otorga total discrecionalidad a los funcionarios. ¿Gasto eficiente o una compra a ciegas con el dinero de los contribuyentes?. Por Redacción
En un procedimiento administrativo marcado por su celeridad, la Municipalidad de Guaymallén ha comprometido $40.000.000,00 del erario público para la contratación de un servicio de capacitaciones con la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC). El acuerdo, formalizado a través del expediente EXP-14966-2025, consiste en la compra de un paquete de 1.600 “horas reloj”, bajo modalidad “cartilla abierta” que, en la práctica, funciona como un cheque en blanco.
La contratación, iniciada el 21 de julio de 2025 por la Dirección de Educación y Deportes, elude el llamado a licitación pública, amparándose en excepción legal. La naturaleza del acuerdo despierta serios interrogantes: se ha comprometido un gasto millonario sin especificar qué cursos se dictarán, a quiénes estarán dirigidos concretamente, ni cuál será el plan de implementación. Mientras la gestión defiende la “flexibilidad” del modelo, expertos en administración pública y transparencia advierten sobre los riesgos de la discrecionalidad y la falta de planificación en un contrato de esta magnitud.
Un Contrato “a Cartilla Abierta”: ¿Flexibilidad o Falta de Transparencia?
El núcleo de la controversia reside en el innovador pero cuestionable modelo de contratación. Según las especificaciones técnicas del expediente, el municipio adquiere un “crédito” de 1.600 horas que “se irán consumiendo a medida que se vayan realizando los cursos seleccionados” de un catálogo online de la UNCUYO. La Dirección de Educación y Deportes, a cargo de Pablo Alvarez Donati, justifica esta modalidad argumentando que brinda “flexibilización a la hora de la realización de cursos”, ya que se adaptarán a la “demanda y planificación prevista en el año”.
Sin embargo, este enfoque choca frontalmente con los principios de transparencia y planificación del gasto público. Al aprobar un desembolso de $40 millones sin un objeto claro y determinado, se dificulta enormemente el control previo sobre la pertinencia y prioridad de la inversión. ¿Se destinarán estas horas a capacitaciones esenciales para el desarrollo productivo o a cursos de interés particular? ¿Quiénes serán los “beneficiarios internos y externos” y con qué criterios se seleccionarán? El expediente no ofrece respuestas. Esta indeterminación otorga a los funcionarios un poder discrecional casi absoluto para decidir sobre la marcha cómo y en qué se gasta el dinero. Esto representa una debilidad administrativa significativa y un riesgo para el uso eficiente de los recursos.
Un Gasto de $40 Millones: ¿Inversión Exagerada en Tiempos de Austeridad?
El monto total del contrato, $40.000.000, por un servicio que se agotará en un plazo máximo de 120 días, ha levantado cejas. El costo unitario de $25.000 por hora reloj fue propuesto por la FUNC y aceptado por el municipio sin proceso competitivo que permitiera comparar ofertas. La justificación para esta erogación se basa en la “vasta trayectoria académica” de la FUNC y su experiencia trabajando con organismos públicos.
Si bien la calidad educativa es un factor relevante, la decisión de optar por una contratación directa impide saber si se podría haber obtenido un servicio similar a un costo menor. Eludir la licitación pública, si bien legalmente justificado por el área de Asuntos Jurídicos del municipio bajo el artículo 144, inciso “c” de la Ley 8706, renuncia al principio fundamental de competencia que busca proteger las arcas del Estado. En un contexto económico complejo, la pregunta sobre si este gasto es proporcionado y prioritario es ineludible.
¿Por Qué Pagarle a una Fundación si la Universidad es Pública y Gratuita?
Una de las dudas recurrentes es por qué el municipio paga por un servicio vinculado a la Universidad Nacional de Cuyo, una institución pública y gratuita. La clave está en la figura legal del contratista: la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), una entidad jurídica independiente de la universidad, con su propio CUIT (30-63044155-9) y constituida como “Fundación”.
La gratuidad de la UNCUYO aplica a sus carreras de grado. Sin embargo, los servicios de extensión, consultorías y capacitaciones a medida para terceros (como empresas o municipios) son arancelados. La FUNC actúa como el brazo de gestión que permite a la universidad comercializar estos servicios de forma ágil. Por lo tanto, es legal que la FUNC facture por estas prestaciones, de hecho, goza de exenciones impositivas en IVA y Ganancias, como consta en el expediente. Aunque el procedimiento es legal, la contratación evidencia un modelo donde el prestigio de la universidad pública se utiliza para canalizar fondos públicos a través de una fundación, en un acuerdo que carece de la especificidad y la competencia deseables en la gestión estatal.
Un Proceso Administrativo con Desprolijidades
Más allá de los cuestionamientos de fondo, el expediente no estuvo exento de errores administrativos que denotan desprolijidad. El punto más confuso fue la definición del plazo del servicio, que tuvo que ser corregido mediante dos notas aclaratorias emitidas el mismo día (21 de agosto) para subsanar la redacción ambigua original. A pesar de esto, el 27 de agosto, la Subdirección de Despacho General y Digesto emitió una comunicación interna citando la redacción errónea ya corregida, evidenciando fallas en la comunicación y revisión interna.
Asimismo, se detectaron errores menores, como la incorrecta denominación de la dirección solicitante en documentos clave como la Nota de Pedido y la Orden de Compra, donde figura como “DIRECCION DE DEPORTES Y EDUCACION” en lugar de “Educación y Deportes”. Detalles como estos, sumados a la vaguedad del objeto contratado, pintan un cuadro de un proceso apresurado para un gasto de considerable magnitud. El proceso culminó con la emisión de la Orden de Compra N° 1060 el 4 de septiembre de 2025, comprometiendo definitivamente los $40 millones de los contribuyentes
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