Por Néstor Bethencourt.
Dir. Comercio, nota de referencia aquí
El caso F.M.: ascenso meteórico y pruebas documentadas
En un municipio donde la transparencia es más un deseo que una realidad, el caso de F.M. es la prueba tangible de cómo se manejan las cosas en Guaymallén.
Los detalles están registrados en expedientes oficiales, pero, sorprendentemente, nadie en la gestión parece dispuesto a cuestionarlos.
Contratada como administrativa clase A: expediente EE-13083-2024
El 1 de agosto de 2024, F.M., ingeniera industrial y ex compañera de estudios de Aaron Pelegrina (Dir. Comercio), fue contratada temporalmente hasta el mes de diciembre de 2024 como administrativa en la categoría más baja (clase A).
La documentación correspondiente a este ingreso está contenida en el expediente EE-13083-2024 y formalizada mediante el decreto DEC-3106-2024, refrendado por el intendente Marcos Calvente.
Un cargo inexistente: subdirectora “de facto”
Menos de 20 días después de su ingreso, el 20 de agosto, F.M. comenzó a firmar notas internas como “Subdirectora de Promoción Industrial y Comercial”, un área que, según el organigrama oficial, no existe.
Así también se la reconoce dentro de la misma Dir. Comercio, ante el aval de su director.
Sin embargo, estas notas fueron enviadas a diversas direcciones municipales y registradas en múltiples expedientes, entre ellos:
- EE-15800-2024
- EE-15829-2024
- EE-15831-2024
- EE-15836-2024
- EE-15838-2024
- EE-15994-2024
En algunos casos, las respuestas oficiales reconocieron a F.M. como subdirectora, consolidando una función que nunca fue creada ni aprobada formalmente.
Solicitud de recategorización: expediente EE-17991-2024
El 30 de agosto de 2024, el Dir. Comercio, Aaron Pelegrina, solicitó la recategorización de F.M. de clase A a clase G, una categoría jerárquica reservada para altos cargos.
El argumento: “Ocupar la jefatura de análisis y relevamiento”, un puesto que tampoco figura en el organigrama municipal y mucho menor al de subdirectora..
Ello demuestra no solo la falsedad de su supuesto cargo de subdirectora, sino que la gravedad de las atribuciones por ella tomadas sin siquiera estar nombrada es absolutamente irregular.
A pesar de esta flagrante irregularidad, el pedido fue aprobado por el intendente mediante el decreto DEC-3909-2024, lo que permitió que F.M. ascendiera sin cumplir con los requisitos legales ni la existencia formal del cargo.
El accidente y las órdenes por WhatsApp
El 21 de octubre de 2024, F.M. sufrió un accidente fuera de su ámbito laboral (jugando a la pelota), que, según testimonios, resultó en una fractura que le impide asistir al trabajo.
Sin embargo, no habría ninguna documentación formal sobre este hecho ni inició un trámite administrativo relacionado.
Desde entonces, F.M. se maneja exclusivamente a través de mensajes de WhatsApp, donde continúa emitiendo órdenes insólitas, como:
- Prohibir que el personal use los baños sin previo aviso.
- Restringir los movimientos dentro del edificio comunal sin autorización escrita.
Este accionar, además de bizarro, demuestra un claro abandono de las responsabilidades administrativas por parte de las autoridades municipales, que no investigaron ni regularizaron la situación.
Más irregularidades en la dirección de Industria y Comercio
El director Aaron Pelegrina, quien avaló todos estos movimientos, solicitó licencia el 10 de noviembre de 2024, dejando al frente de la dirección a su asistente personal, Farid. Igualmente también transmite vía mensajes de texto órdenes cuestionables.
Esta decisión fue un ninguneo deliberado al subdirector Diego Lucero, quien por jerarquía debería haber asumido el cargo. Como dato de color, Lucero es cuñado de Calvente, mientras Pelegrina y familia son íntimos de Iglesias.
El padre de Pelegrina, tiene construcciones con cese de actividades por graves irregularidades, terrenos baldíos sin cercar de importantes dimensiones sin multar, mientras los ciudadanos de a pie sufren en forma constante las multas y las visitas incesantes a sus domicilios y comercios con cualquier excusa. Pertenecer tiene sus privilegios.
Las pruebas son evidentes y nadie procede, pero todos prefieren mirar hacia otro lado, ni hablar de los preocupados candidatos a intendente del año pasado.
La ausencia de controles no es casualidad; es una política. Pelegrina manejaría habilitaciones municipales de forma discrecional, ignorando ordenanzas y procedimientos legales.
Las pruebas de estas irregularidades están acumulándose en expedientes y denuncias que nadie parece dispuesto a tocar.
La nómina inflada: el elefante en la sala que nadie quiere ver
Guaymallén parece más preocupado por sumar empleados que por resolver los problemas de fondo. La Ley de Responsabilidad Fiscal exige transparencia en la cantidad de personal, pero el municipio prefiere mantenernos en la oscuridad. De hecho en la web municipal el enlace queda suspicazmente tapado por el chat no inteligente GINA.
El crecimiento descontrolado de contrataciones no solo resulta sospechoso, sino que parece más un esquema de favores políticos que una política pública eficiente.
En un departamento con la mayor cantidad de habitantes de Mendoza, ¿tendrá sentido seguir contratando gente a este ritmo? O peor aún, ¿son estas contrataciones solo una fachada para otros fines?
Un intendente ausente: el arte de mirar hacia otro lado
Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén, no solo no sanciona estos desmanejos, sino que tampoco parece interesado en investigarlos. A pesar de contar con pruebas documentadas que cualquier auditoría consideraría preocupantes, no se han iniciado procesos significativos desde Asuntos Jurídicos.
¿Será porque estas irregularidades involucran a figuras cercanas a su gestión? ¿O porque exponer estos actos comprometería su propio proyecto político? Más preocupante aún, ¿estará el resto del gabinete jugando el mismo juego? La responsabilidad de un intendente va más allá de sacarse fotos para las redes sociales; también implica garantizar la legalidad en el municipio que gobierna.
¿Todos cómplices o simplemente ineficientes?
La obligación de denunciar actos ilegales no es optativa para los funcionarios públicos. Sin embargo, aquí nadie parece dispuesto a romper el silencio. El director de Industria y Comercio, Aaron Pelegrina, quien debería estar liderando con transparencia, está más enfocado en licencias personales y en rodearse de figuras que obedecen sus órdenes, incluso cuando carecen de respaldo formal.
Mientras tanto, el subdirector Diego Lucero es ignorado por completo, probablemente porque su nombre no figura en las agendas de los “círculos íntimos”. Si el intendente y su gabinete no intervienen, no solo perpetúan estas irregularidades, sino que se convierten en cómplices de las mismas.
Un llamado a la responsabilidad (y a la legalidad)
La situación en Guaymallén va más allá de simples errores administrativos. Estamos ante un modelo de gestión que prioriza intereses personales y políticos por encima de la legalidad.
Marcos Calvente, como intendente, tiene la obligación legal de denunciar cada acto ilícito en la comuna. Su inacción no solo es alarmante, sino también ilegal. La complicidad de su gabinete, al no tomar medidas, pone en jaque la credibilidad institucional del municipio, no fotos y promesas vacías..
Los ciudadanos de Guaymallén no merecen ser testigos pasivos de este descontrol. Es momento de exigir transparencia, sanciones y un compromiso real con la legalidad.
La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo seguirá la complicidad? Si el intendente no toma medidas inmediatas, el daño a la institucionalidad será irreparable.
Y la responsabilidad, al final, será solo suya, aunque muchísimo de lo que sucede haya sido “heredado”.
Es muy importante para nosotros su colaboración, entrando al siguiente enlace podrá hacerlo a: https://cafecito.app/nestorecosmendocinos . Desde ya, muchas gracias!
Pueden contactarse al WhatsApp: 261 2327760, o al mail: denuncias@ecosmendocinos.com.ar