Guaymallén pagará $95 millones por alquilar una grúa que cuesta $110 millones nueva

La Municipalidad paga un alquiler millonario por una unidad cuyo valor de mercado es prácticamente el mismo. El servicio lo presta una empresa vinculada a gestiones anteriores y el municipio asume chofer, combustible y mantenimiento. Por Redacción

Guaymallén pagará $95 millones por alquilar

Guaymallén volvió a protagonizar una decisión administrativa que despierta fuertes cuestionamientos sobre el uso del dinero público. A través de la Licitación Pública N.º 1086/25, el municipio adjudicó el alquiler de un camión grúa a la empresa FREEWAY S.A., por un total de $94.848.000 para apenas seis meses de servicio.

El número en sí ya es controvertido, pero el verdadero escándalo aparece cuando se observa un detalle clave, registrado en el expediente: la grúa fue asegurada por un valor de $ 106 millones, póliza en el mismo expediente, casi el mismo monto que se pagará por alquilarla por solo 180 días.

Es decir, con un poco más —que el municipio ya está pagando igual— podría haber comprado el camión, capitalizar el parque automotor y dejar de pagar fortunas a un privado. Pero no: se eligió seguir alquilando.

El fantasma por el manejo o mejor dicho desmanejo de grúas para acarreo de vehículos vuelve al tapete. Múltiples notas ya hemos tratado en Ecos Mendocinos no hace mucho.

Y lo más polémico: es la misma lógica de proveedores privilegiados que operan desde la época del exintendente Luis Lobos, como si el cambio de gestiones no significara nada.

Un alquiler disfrazado de “servicio esencial”

El contrato fue impulsado por la Subdirección de Seguridad Vial, que justificó la licitación señalando que el vehículo es necesario para operativos viales, despeje de la vía pública y traslado de vehículos retenidos.

La licitación se abrió en febrero de 2025 con un presupuesto oficial de $81.180.000. A la convocatoria se presentó una sola empresa, FREEWAY S.A., y pese a elevar la cifra a $94.848.000, la Comisión de Preadjudicación consideró que “no había alternativa viable” y recomendó aceptar la oferta única.

El contrato se firmó por seis meses, con servicio las 24 horas, los 365 días del año. A simple vista, parece justificable. Pero los detalles revelan algo más grave.

El municipio pone el personal, el combustible y el mantenimiento

Aunque Guaymallén desembolsa casi 95 millones de pesos, el costo del contrato no incluye chofer, combustible ni mantenimiento del vehículo. Todo eso queda a cargo del Estado municipal.

El acuerdo establece:

• El camión grúa será operado por personal municipal.
• El municipio pagará el combustible.
• El mantenimiento quedará sujeto a condiciones fijadas en el contrato, no cubiertas totalmente por la empresa adjudicataria.

¿En qué consiste entonces el “alquiler”? En disponer del camión, nada más. Sin operador. Sin nafta. Sin costos diarios asumidos por el privado.

Dicho brutalmente: Guaymallén pagará casi $100 millones por un uso prestado del chasis.

Un camión nuevo, pero una decisión vieja

FREEWAY S.A. había ofertado originalmente un camión Iveco Daily modelo 2015, bastante más antiguo. Pero una vez confirmada la adjudicación, pidió cambiarlo por una Mercedes Benz Accelo 916 modelo 2025, 0 KM.

La póliza, incorporada al expediente, asegura el vehículo contra robo total por $106.000.000.

¿Conclusión?
El municipio va a pagar $94.848.000 por alquilar un camión que, comprado directamente, le costaría lo mismo o apenas unos pesos mas.

Así, en vez de capitalizarse, prefiere ahorrar $16 millones por el valor real del vehículo y seguir dependiendo de privados.

Guaymallén pagará $95 millones por alquilar una grúa que cuesta $110 millones nueva

La historia se repite: los viejos proveedores siempre vuelven

FREEWAY S.A. no es una aparecida. Se trata de una empresa que viene trabajando con Guaymallén desde tiempos del exintendente Luis Lobos, hoy condenado por corrupción.

A casi una década de aquella gestión, el patrón continúa: empresas recurrentes, contrataciones sin competencia real y licitaciones hechas a medida.

No hay pluralidad de oferentes. No hay discusión pública. No hay consultas técnicas sobre compra directa de una unidad. Solo una continuidad administrativa que huele demasiado a inercia o conveniencia.

Una licitación innecesaria: el camión podría estar en el patrimonio municipal

Un camión grúa como el contratado —Mercedes Benz Accelo 916 chassis 0 km con plataforma hidráulica, malacate y pala trasera— tiene un valor comercial estimado entre $110 y $115 millones.

Pese a eso, se eligió alquilarlo en lugar de comprarlo.

Si el municipio adquiriera una unidad propia:

• Tendría un activo fijo que se amortiza.
• Dejaría de depender de empresas privadas.
• Evitaría aumentos futuros por renovación de contratos.
• Podría operarlo con su propio personal (como ya lo hará igual).

Pero en cambio se decidió pagar casi $15 millones menos que su valor de mercado, sin adquirir nada después de seis meses. Guaymallén pagará $95 millones por alquilar una grúa que cuesta $110 millones nueva

24 horas, 365 días… ¿o un servicio fantasma?

El pliego exige que el camión esté disponible en todo momento, con equipo GPS, ploteo institucional y capacidad de carga para 3,5 toneladas.

Sin embargo, como el personal es municipal, el cumplimiento operativo queda bajo control estatal. La empresa cobra con independencia de cuántos traslados se hagan, porque el contrato no estipula métricas de rendimiento ni pago por tarea.

El contrato, como está planteado, garantiza miles de millones en facturación al proveedor, pero no garantiza eficiencia, ni ahorro, ni impacto real.

Una cláusula llamativa: la rescisión sin indemnización

El documento incluye una cláusula que permite rescindir el contrato en cualquier momento, sin derecho a indemnización al proveedor.

¿Por qué?
Porque existe un plan provincial de “Gestión y Descontaminación de las playas de secuestro” a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia. Si se implementa, la Municipalidad podría dejar de necesitar el servicio.

La cláusula fue agregada por pedido del municipio y aceptada por FREEWAY S.A. en una declaración jurada.

A simple vista, parece una ventaja, pero también abre otra sospecha:
Si la empresa firmó una cláusula que podría dejarla sin contrato antes de cobrar todo, tal vez el margen de ganancia sea tan alto que igual le conviene.

La política atrás de la grúa: continuidad, herencia y complicidad

El proveedor es viejo conocido. La licitación tuvo un solo oferente. La cifra aumenta casi un 17% respecto al presupuesto original. La póliza del vehículo expone un despropósito económico evidente.

Este tipo de contratos no se firman por error. Son decisiones políticas deliberadas.

El intendente Marcos Calvente, heredero político del radicalismo oficialista, avaló sin reparos una contratación que:

• Beneficia a un proveedor histórico que ya trabajaba en tiempos de Luis Lobos.
• Implica pagar por alquiler lo que costaría comprar.
• Obliga al municipio a hacerse cargo de casi todos los gastos operativos.
• Evita incorporar patrimonio municipal nuevo.
• Repite un esquema que ya fue denunciado otras veces.

¿Improvisación? ¿Complicidad? ¿Desidia? Cualquiera de las tres respuestas deja mal parado al gobierno municipal.

La pregunta que todos deberían hacerse

¿Por qué Guaymallén prefiere alquilar un camión a $94 millones durante seis meses, en vez de comprar uno propio por $80 millones y capitalizar al Estado?

Esta no es una cuestión técnica. Es una decisión política y financiera con impacto directo sobre los contribuyentes.

El municipio podría tener una grúa propia por el mismo dinero que gasta en prestarla. Pero prefiere sostener proveedores privados antes que invertir en patrimonio.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando tasas municipales cada vez más altas para sostener un Estado que sigue tercerizando como si no existiera mañana.

Pagar, alquilar y repetir

La licitación del camión grúa en Guaymallén no es un hecho aislado sino parte de un modo de gestión: el municipio prefiere alquilar lo que podría comprar, contratar a quienes vienen trabajando desde épocas cuestionadas y gastar millones sin adquirir patrimonio.

Lo que para cualquier vecino sería un delirio —pagar para no quedarse con nada— para el Estado parece ser rutina.

El municipio tendrá que explicar por qué esta vez, otra vez, eligió el camino más caro, menos eficiente y más beneficioso para un privado. Y por qué, a pesar del cambio de nombres, los viejos contratistas siguen vivitos y cobrando.

Porque mientras la grúa circula con logo institucional, la lógica sigue siendo la misma: la privada factura, el municipio paga y el patrimonio estatal queda en cero.

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